
David Sánchez evita responder a la Fiscalía y solo atiende a su abogado en su declaración como imputado
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, declaró este jueves ante la Audiencia Provincial de Badajoz como imputado por tráfico de influencias y prevaricación en relación con el puesto directivo que obtuvo en la Diputación y la contratación de un colaborador cercano.
Según la información de OKDIARIO, Sánchez optó por una estrategia de silencio casi total: solo respondió a las preguntas de su abogado, evitando cualquier aclaración solicitada por la Fiscalía o la acusación particular.
La comparecencia duró apenas diez minutos, un tiempo en el que Sánchez trató de justificar su trayectoria en la Diputación de Badajoz desde 2017, cuando fue nombrado coordinador de los conservatorios.
El tribunal investiga si ese puesto fue creado ad hoc para él y si posteriormente fue modificado para ajustarse a su perfil profesional. También se analiza la contratación del exasesor de La Moncloa Luis Carrero, amigo personal del imputado, quien habría colaborado en proyectos culturales mientras seguía vinculado a Presidencia.
Oficina de Artes Escénicas
Durante su declaración, Sánchez intentó corregir la polémica generada semanas atrás, cuando no supo explicar qué era ni dónde se ubicaba la Oficina de Artes Escénicas que supuestamente dirigía.
Esta vez afirmó que “no era una oficina física, sino una categoría administrativa”, y negó haber influido en la modificación de su propio puesto, asegurando que se enteró “cuando ya estaba hecho”.
Trato de favor a David Sánchez
El sumario también recoge que Sánchez informó a Carrero de un futuro “refuerzo” en el área de Cultura en 2023, un puesto al que este se presentó como único aspirante. El imputado defendió que su amigo era “muy trabajador” y que simplemente le ayudaba a “redactar mejor sus ideas”.
La investigación continúa centrada en determinar si existió un trato de favor en la creación y adaptación del puesto de Sánchez, así como en la contratación de Carrero. La brevedad de la declaración y la negativa a responder a las partes personadas han sido interpretadas por fuentes jurídicas como una estrategia defensiva para evitar contradicciones en un caso que sigue estrechándose.


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