Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye referencias a la ley de amnistía y a presuntas actuaciones impulsadas por una red investigada en la que aparecen mencionados Santos Cerdán y Leire Díez. El documento, de 372 páginas, recoge distintas líneas de investigación relacionadas con la búsqueda de información sobre magistrados, fiscales y antiguos responsables del Ministerio del Interior.
Entre los nombres que aparecen de forma reiterada en las diligencias destaca el del excomisario José Manuel Villarejo. Según la documentación analizada por los investigadores, Leire Díez habría elaborado en noviembre de 2024 un documento en el que se afirmaba que Villarejo disponía de material que podría comprometer al magistrado Manuel Marchena.
Marchena presidió el tribunal que juzgó el Procés y formó parte de las decisiones judiciales que limitaron la aplicación de la ley de amnistía a varios dirigentes independentistas catalanes. Paralelamente, otros líderes vinculados al movimiento independentista tampoco resultaron beneficiados por la norma debido a resoluciones adoptadas por el Tribunal Supremo.
La investigación también hace referencia a un documento titulado “Acciones Cataluña”, atribuido igualmente a Leire Díez. En él se planteaba que uno de los principales desafíos para la aplicación efectiva de la amnistía era la posición mantenida por el Tribunal Supremo.
De acuerdo con el contenido recogido por la UCO, la estrategia descrita contemplaba la obtención de documentación procedente de Villarejo relacionada con magistrados, fiscales y miembros del alto tribunal. El objetivo habría sido acceder a información sensible que pudiera influir en el contexto judicial derivado del Procés y de la propia ley de amnistía.
Otro de los documentos incorporados a la investigación, denominado “Estado de situación” y fechado en enero de 2025, sostiene que durante el verano de 2024 se habría alcanzado un acuerdo con Villarejo para la entrega de documentación que aún no había trascendido públicamente.
Según el contenido analizado por los agentes, ese material incluiría grabaciones, audios y otra información relacionada con distintas figuras públicas y episodios políticos de los últimos años. Los investigadores destacan el interés de los implicados por acceder a documentación considerada de alto impacto mediático y judicial.
El informe también incorpora conversaciones mantenidas entre Leire Díez y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad. En esos intercambios, Díez habría planteado la posibilidad de alcanzar acuerdos de colaboración y explorar fórmulas para reducir las consecuencias judiciales derivadas de determinados procedimientos.
De acuerdo con la documentación examinada por la UCO, se habría sugerido la negociación con la Fiscalía como una posible vía para agilizar la resolución de causas pendientes. Asimismo, se indicaba que la situación de Martínez no podría encuadrarse dentro del ámbito de aplicación de la ley de amnistía.
Las diligencias incorporadas al informe apuntan a que la presunta red investigada habría mostrado interés no solo en asuntos relacionados con el PSOE, sino también en procedimientos judiciales vinculados a la ley de amnistía. Según la interpretación de los investigadores, el objetivo habría sido obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y antiguos responsables políticos con relevancia en esos procesos.
La investigación continúa bajo análisis judicial y las conclusiones definitivas dependerán del desarrollo de las actuaciones y de las resoluciones que adopten los tribunales competentes.
