El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a situar a España en el punto de mira de Bruselas. La Comisión Europea ha enviado una nueva carta de emplazamiento exigiendo al Ejecutivo que elimine de una vez el poder político de veto en las fusiones bancarias, una prerrogativa que Europa considera ilegal, contraria a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales.
Pese a ello, el Ministerio de Economía insiste en mantener parte de esas atribuciones, arriesgándose a que el caso termine ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El conflicto con Bruselas no es nuevo. Todo comenzó en 2025, cuando el Gobierno intervino para bloquear la unión entre BBVA y Sabadell si prosperaba la opa del banco vasco. A partir de ahí, Bruselas inició un expediente reclamando que España eliminara cualquier capacidad política para frenar operaciones bancarias, tanto en la ley de supervisión de entidades de crédito como en la normativa de competencia.
Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez, a través del ministro Carlos Cuerpo, solo está dispuesto a cumplir parcialmente. Economía asegura que adaptará la legislación a la nueva directiva CRD VI, que otorga al Banco Central Europeo y al Banco de España la supervisión prudencial de las fusiones.
Pero, al mismo tiempo, deja claro que seguirá conservando poder de intervención a través de la CNMC, especialmente en la llamada “fase tres”, donde el Gobierno mantiene facultades amplísimas para tumbar operaciones, como ya hizo con BBVA-Sabadell.
Bruselas, harta de evasivas, recuerda que estas competencias políticas son incompatibles con el marco europeo y que España debía haber transpuesto la directiva antes del 10 de enero. El incumplimiento, unido a la resistencia del Gobierno, acerca el choque a los tribunales.
Mientras tanto, organismos como el FMI y el propio BCE llevan años reclamando que las fusiones bancarias sean evaluadas por supervisores independientes, no por ministros sometidos a intereses partidistas. Pero el sanchismo, una vez más, prefiere aferrarse al control político aunque eso suponga arrastrar a España a otro conflicto con Europa.
