
Patrulleras amarradas en Cartagena: JUCIL alerta de averías que dejan la costa con vigilancia limitada
La asociación JUCIL ha hecho pública una denuncia en la que asegura que las patrulleras del Servicio Marítimo Provincial (SEMAR) que cubren la Región de Murcia permanecen amarradas en el puerto de Cartagena por “deficiencias técnicas, mecánicas y de seguridad” que limitan gravemente su capacidad operativa.
Según la documentación analizada por la asociación, las embarcaciones han sido clasificadas con restricciones de “Nivel 1”, una catalogación interna que reduce su uso a actuaciones puntuales y les impide realizar patrullas preventivas, servicios nocturnos y vigilancia permanente del litoral.
Esa limitación operativa, sostiene JUCIL, deja amplias zonas costeras sin una presencia disuasoria efectiva.
JUCIL advierte de que la paralización coincide con un aumento de la actividad delictiva en la zona, incluyendo un repunte de narcopateras, llegadas de pateras y el fenómeno del “petaqueo” (suministro de combustible a narcolanchas en alta mar), lo que, según la asociación, otorga “sensación de impunidad” a las redes criminales.
Fallos en la seguridad de la navegación
La denuncia, que reproduce Cartagena Actualidad, detalla fallos concretos que afectan a la seguridad de la navegación y de las tripulaciones: luces de navegación averiadas, problemas en sistemas de achique, deficiencias en equipos de comunicación y otros fallos mecánicos que, según los técnicos, impiden operar con garantías.
JUCIL exige al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil una intervención urgente para reparar y renovar los medios.
Puntos clave
- Ubicación: las patrulleras están amarradas en el puerto de Cartagena, no en la ciudad de Murcia.
- Estado técnico: averías que afectan a sistemas críticos; clasificación interna “Nivel 1”.
- Riesgo operativo: reducción drástica de patrullas preventivas y nocturnas.
- Contexto criminal: JUCIL relaciona la falta de presencia con el aumento de narcoactividad y pateras.
Las fuentes consultadas por diversos medios locales recogen la preocupación de mandos y asociaciones profesionales por el deterioro del material y la falta de inversión sostenida en medios marítimos, y advierten del coste en seguridad que supone mantener inoperativa una unidad estratégica para el control de fronteras y la lucha contra el narcotráfico.


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