La Fiscalía española vuelve a estar en el ojo del huracán tras la solicitud de Anticorrupción al juez Santiago Pedraz para que la Fiscalía General del Estado, dirigida por Teresa Peramato, informe sobre las reuniones mantenidas en su sede con Leire Díez, conocida como la “fontanera” del PSOE.
Según las diligencias, entre abril de 2024 y junio de 2025 se habrían celebrado encuentros con Díez, el abogado del comisario Villarejo, Antonio Cabrera, y el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos implicados en la trama de corrupción que salpica al entorno socialista.
La investigación, que ya provocó la condena del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, ha generado un nuevo terremoto institucional. Las conversaciones incautadas por la Guardia Civil revelan que Leire Díez presumía de poder “cerrar reuniones” con el entonces fiscal general, lo que ha desatado la indignación entre los miembros de la carrera fiscal.
La posibilidad de que la cúpula de Fortuny —sede de la Fiscalía General— estuviera conchabada con una organización criminal para encubrir casos de corrupción del PSOE y del Gobierno ha causado un profundo daño reputacional.
Anticorrupción busca esclarecer si esas reuniones constan en el registro oficial de visitas y quiénes participaron. La diligencia es excepcional, pues no es habitual que una fiscalía investigue a otra. Fuentes próximas a Peramato admiten su preocupación por el impacto de este nuevo episodio en la credibilidad de la institución.
El sumario también apunta a maniobras para boicotear causas judiciales contra el exministro José Luis Ábalos —hoy en prisión— y contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La trama habría intentado presentar denuncias falsas para anular el caso Koldo y desprestigiar a la jueza Beatriz Biedma, que instruye la causa de Sánchez.
La Fiscalía Superior de Extremadura deberá ahora informar sobre el destino de esas denuncias. Mientras tanto, el juez Pedraz estudia nuevas diligencias que podrían ampliar el alcance de una investigación que amenaza con destapar el mayor escándalo judicial y político de la legislatura.
