La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la juez del Juzgado de Instrucción nº 13 que no admita a trámite la querella presentada por VOX contra Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez… Y contra Leire Díez, exdirectiva de la empresa pública y figura central en la llamada trama de Ferraz.
El escrito, elaborado por la Sección de Delitos Económicos, sostiene que los hechos denunciados no deben investigarse en Plaza de Castilla y que la querella carece de recorrido jurídico.
La acción judicial de Vox, presentada inicialmente con defectos de forma que posteriormente fueron subsanados, acusaba a Serrano y Díez de fraude en la contratación pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
El partido señalaba hasta doce operaciones presuntamente irregulares durante la etapa de Serrano al frente de Correos, incluyendo contratos vinculados a la pandemia, adjudicaciones con conflictos de interés, ceses polémicos de altos cargos y modificaciones contractuales que alteraban las condiciones de licitación.
La Fiscalía, sin embargo, considera que estos hechos no deben investigarse en los juzgados ordinarios, apuntando a que parte de las actuaciones ya están bajo análisis en la Audiencia Nacional, donde tanto Serrano como Díez figuran en investigaciones abiertas.
El juez Santiago Pedraz mantiene imputada a Díez por amañar contratos y tratar de influir en causas judiciales, además de analizar su estrecha relación con Serrano, con quien intercambió miles de mensajes y coincidió en reuniones vinculadas a la presunta red de injerencias.
El escrito fiscal deja ahora en manos de la juez la decisión final: inadmitir la querella, como solicita el Ministerio Público, o remitirla a la Audiencia Nacional, donde ya se investigan hechos conexos.
Mientras tanto, Serrano —pareja de la histórica dirigente socialista Isaura Leal— habría extremado sus precauciones comunicativas tras conocer que se encuentra en el radar de los investigadores, limitando el uso de su teléfono móvil para determinados asuntos.
La controversia sobre los contratos de Correos sigue así abierta, con frentes judiciales que avanzan en paralelo y un creciente escrutinio sobre la gestión de la empresa pública durante el mandato de Serrano.
