La Comisión Europea ha elevado el tono contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, tras la decisión de regularizar de forma masiva a miles de inmigrantes en España. El comisario de Asuntos de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, expresó su malestar en Bruselas al afirmar que “no es una buena señal” en un momento en que la Unión Europea refuerza sus controles y endurece sus normas sobre migración y asilo.
Brunner, en declaraciones recogidas por El Mundo, reconoció que la gestión de los flujos migratorios es competencia de los Estados miembros, pero subrayó que su responsabilidad es “proteger al resto de países” para evitar que las decisiones nacionales tengan impacto en el conjunto de la Unión. “Entiendo la situación particular de España, porque el 80% de esas personas proceden de América Latina, comparten idioma y cultura. Pero debemos dejar claro que no puede haber ningún efecto en otros Estados miembros”, señaló el comisario.
Las palabras del responsable europeo llegan justo cuando la UE ultima la puesta en marcha del nuevo Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor este viernes y que incluye medidas más estrictas para el control de fronteras y la creación de centros de retorno. En este contexto, la iniciativa española se percibe en Bruselas como una excepción que podría generar tensiones políticas y jurídicas entre socios comunitarios.
La regularización impulsada por Sánchez busca, según el Ejecutivo, dar respuesta a la situación de miles de trabajadores extranjeros que ya residen en el país y contribuir a paliar la escasez de mano de obra en sectores clave. Sin embargo, la Comisión teme que el gesto sea interpretado como un incentivo para nuevas llegadas irregulares.
El pulso entre Madrid y Bruselas refleja la creciente divergencia dentro de la UE sobre cómo abordar la inmigración: mientras algunos gobiernos apuestan por la integración, otros reclaman firmeza y control.
