La Fiscalía General del Estado ha abierto un expediente gubernativo a dos fiscales implicadas en el conocido caso Plus Ultra, después de que nuevas informaciones policiales y judiciales hayan reavivado las dudas sobre la imparcialidad con la que se gestionó el intento de archivar la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia.
Las fiscales afectadas son Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, y María Luisa Llop, quien defendió el archivo de las diligencias cuando el caso estaba en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
El expediente tiene su origen en una denuncia presentada el 25 de marzo por Iustitia Europa, personada como acusación popular en varias causas que afectan al PSOE. La organización actuó tras conocerse informes de la UDEF que recogían conversaciones entre miembros de la trama empresarial vinculada a Plus Ultra, en las que se mencionaba a ambas fiscales en términos que la acusación considera de “enorme gravedad”.
En una de esas conversaciones, fechada el 20 de mayo de 2021, el abogado de la compañía aseguraba que “la fiscal jefa es amiga”, sugiriendo posibles afinidades que podrían haber influido en el devenir del procedimiento.
La Inspección de la Fiscalía deberá determinar ahora si la actuación de Rodríguez y Llop se ajustó plenamente a la ley o si pudo verse condicionada por presiones externas o relaciones personales. El expediente examinará especialmente el contexto en el que se produjo la solicitud de archivo, así como las comunicaciones detectadas por la UDEF, en las que también se hablaba de “cortar esto” y de “hacer un Kitchen Gabinet”, expresiones que han levantado suspicacias sobre posibles maniobras para frenar la investigación.
Iustitia Europa ha reclamado que el proceso se tramite con “máxima transparencia y rigor”, al considerar que la ciudadanía tiene derecho a conocer si el criterio fiscal aplicado en un rescate millonario respondió exclusivamente a la legalidad o si existieron interferencias incompatibles con la imparcialidad exigible al Ministerio Fiscal.
