La Fiscalía bajo el yugo de Sánchez: de la confesión de dependencia a la era de la impunidad socialista

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, la Fiscalía General del Estado ha dejado de ser el garante independiente de la legalidad para convertirse, a ojos de una amplia mayoría de observadores y de la propia carrera fiscal, en un apéndice más del poder ejecutivo socialista.

La politización ha sido tan descarada que el propio presidente del Gobierno, PS, la reconoció sin pudor en 2019, en una entrevista en RNE: “¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está”. Aquella declaración, que provocó el rechazo unánime de las asociaciones de fiscales, no fue un lapsus, sino la confesión de un proyecto: someter al Ministerio Público a los intereses del PSOE.

Bajo el mandato de Dolores Delgado —exministra de Justicia nombrada fiscal general en 2020, rompiendo todas las convenciones de independencia—, la institución entró en una espiral de controversias.

El caso único de García Ortíz

Su sucesor, Álvaro García Ortiz, su antiguo número dos y fiel escudero, representó el culmen de esta deriva. García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general de la historia condenado por el Tribunal Supremo: en noviembre de 2025, el Alto Tribunal le impuso una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. El caso giró en torno a la filtración de datos confidenciales contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en un claro intento de desprestigio político.

Lejos de asumir responsabilidades, el Gobierno y la propia Fiscalía han intentado minimizar el escándalo. García Ortiz recurrió, Peramato ha defendido la continuidad del condenado en la carrera fiscal y se ha recurrido al Tribunal Constitucional. Críticos denuncian que se trata de un escudo protector para quien sirvió como instrumento contra la oposición. La imagen de la Fiscalía quedó rota: divisiones internas, desconfianza entre los fiscales y una percepción generalizada de parcialidad que ha llevado a rebeliones y críticas abiertas dentro de la institución.

Peramato y la politización final

Ahora llega Teresa Peramato, elegida por Sánchez como sucesora. Con un perfil progresista y especializada en violencia de género, Peramato hereda una Fiscalía “rota y bajo sospecha de politización”, según medios incluso afines.

Sus silencios ante casos que afectan a figuras del PSOE y su supuesta diligencia en proteger a familiares y cargos socialistas han sido duramente criticados por sectores judiciales y de la oposición. VOX y el PP la ven como la continuación natural de la línea de Delgado y García Ortiz: una fiscal general que prioriza la defensa ideológica sobre la imparcialidad.

Tibieza de la Fiscalía

La trayectoria es elocuente. Nombramientos controvertidos, filtraciones selectivas, lentitud sospechosa en investigaciones que salpican al Gobierno y agilidad en aquellas que perjudican a adversarios políticos. La Fiscalía ha brillado por su tibieza en casos de corrupción socialista mientras se emplea a fondo en causas mediáticas contra la derecha. Esta falta de objetividad no solo daña la credibilidad de una institución clave, sino que socava los pilares del Estado de Derecho.

En un país donde el poder judicial debería ser contrapeso al ejecutivo, la subordinación percibida de la Fiscalía genera alarma democrática. Mientras Sánchez y su Gobierno celebran “valores progresistas”, una parte creciente de la sociedad y de los propios fiscales ve una institución capturada, al servicio de un partido antes que de la ley.

La pregunta que nos hacemos en CARTAGENA CONFIDENCIAL ya no es “¿de quién depende la Fiscalía?”, sino hasta cuándo los españoles tolerarán esta erosión institucional. La regeneración pasa necesariamente por devolver al Ministerio Público su independencia real, lejos de los designios de Moncloa.