El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por siete presuntos delitos, ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía un informe más detallado y completo sobre el patrimonio del exdirigente socialista, su esposa y sus hijas.
Según fuentes jurídicas consultadas por ABC, el magistrado considera insuficiente la información financiera recabada hasta el momento y reclama un análisis más profundo que permita esclarecer el origen y destino de los fondos que han transitado por las cuentas de la familia. Esta petición se produce después de que Zapatero compareciera recientemente ante el juez en la Audiencia Nacional para declarar en relación con las investigaciones en curso.
Las primeras pesquisas de la UDEF ya habían arrojado datos significativos: el expresidente y su esposa lograron liquidar una hipoteca de aproximadamente 500.000 euros en apenas once meses, un ritmo de amortización que ha llamado la atención de los investigadores. Además, se han rastreado ingresos procedentes de sociedades vinculadas al asesor de Plus Ultra, Julio Martínez, a través de la empresa Análisis Relevante, y de los hermanos venezolanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, a través de Inteligencia Prospectiva.
En el centro de la investigación se encuentran posibles comisiones ilegales encubiertas bajo contratos de asesoría (en el caso de Zapatero) y servicios de marketing (para sus hijas). Los investigadores sospechan que estos pagos podrían estar relacionados con las presiones ejercidas por el exmandatario para facilitar el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
La causa, que acumula ya varias líneas de investigación paralelas, ha generado un intenso debate político. Fuentes cercanas al caso señalan que el juez Calama busca determinar si existió un entramado destinado a canalizar fondos de forma irregular, utilizando como vehículos a empresas y familiares del expresidente.
Zapatero ha defendido públicamente su inocencia y ha asegurado que las colaboraciones de sus hijas fueron propuestas legítimas. Sin embargo, la solicitud de un informe patrimonial más exhaustivo indica que la investigación sigue avanzando con determinación y podría deparar nuevas actuaciones judiciales en las próximas semanas.
Este caso se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre las actividades privadas de altos cargos tras dejar el Gobierno y plantea interrogantes sobre los límites éticos y legales de las relaciones entre política, empresas y consultorías.
