La tensión institucional en el Congreso de los Diputados ha alcanzado un nuevo nivel tras las críticas de juristas, letrados y expertos en derecho constitucional, que acusan al Gobierno de “secuestrar” la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de iniciativas incómodas para Moncloa. Según publica Vozpópuli, estos especialistas consideran que el uso partidista del órgano rector de la Cámara se ha convertido en una herramienta para silenciar debates, bloquear comisiones de investigación y evitar el control parlamentario.
El detonante ha sido la reciente decisión de la Mesa —donde PSOE y Sumar mantienen mayoría— de vetar nuevas iniciativas relacionadas con los casos judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez, incluida la situación de Begoña Gómez. Para numerosos juristas consultados, este comportamiento supone una “desnaturalización” de la función de la Mesa, cuyo papel debería limitarse a cuestiones técnicas y no a decisiones de oportunidad política.
Varios letrados de las Cortes, citados por el diario, advierten de que esta dinámica está generando un precedente peligroso, ya que convierte al órgano parlamentario en un “muro de contención” al servicio del Ejecutivo. Algunos incluso hablan de una “amordazamiento de la democracia”, al considerar que se está restringiendo el derecho de los diputados a ejercer plenamente sus funciones de control.
Las críticas no provienen únicamente del ámbito técnico. Diversos grupos de la oposición han denunciado que la Mesa actúa como un “escudo político” para proteger al Gobierno en un momento especialmente delicado, marcado por causas judiciales que afectan a figuras relevantes del PSOE y del entorno presidencial.
Los expertos coinciden en que, si esta práctica se consolida, podría derivar en una grave erosión institucional, debilitando la transparencia y el equilibrio entre poderes que sustentan el sistema parlamentario español.
