El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en 95 contratos menores adjudicados por Interior por casi tres millones de euros

El órgano fiscalizador aprecia deficiencias en la tramitación, falta de justificación y escasa concurrencia en expedientes de 2023 y 2024
España30 de julio de 2026 J. Bird

El Tribunal de Cuentas ha detectado diversas irregularidades en 95 contratos menores adjudicados por el Ministerio del Interior de Marlaska durante los ejercicios 2023 y 2024, por un importe cercano a los tres millones de euros.

Las incidencias aparecen recogidas en un informe de fiscalización que analiza la contratación realizada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y distintos centros penitenciarios, hospitales y centros de inserción social dependientes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La revisión afecta a un total de 168 expedientes de contratación de Interior, valorados en 123,8 millones de euros, lo que representa cerca del 45% del volumen económico examinado por el órgano fiscalizador. Entre las principales conclusiones figura el uso reiterado de contratos menores con deficiencias en su motivación y documentación, así como diversas incidencias relacionadas con el cumplimiento de la normativa de contratación pública.

Utilización de contratos menores

Según el informe, en numerosos expedientes de Interior la utilización del contrato menor se justificó únicamente por su importe económico, sin acreditar suficientemente otras circunstancias que avalaran este procedimiento excepcional. Asimismo, el Tribunal de Cuentas señala que en buena parte de los contratos de suministro y servicios no consta el método empleado para calcular el presupuesto base de licitación, mientras que muchas adjudicaciones se situaban muy próximas al límite económico permitido para este tipo de contratos.

Deficiencias administrativas relevantes

El órgano fiscalizador también aprecia deficiencias administrativas relevantes en Interior. En más de una cuarta parte de los expedientes analizados, los informes que justificaban la necesidad de la contratación fueron elaborados después de que las empresas hubieran presentado sus ofertas. Además, en cerca del 29 % de las obras menores revisadas no figuraba el presupuesto exigido por la legislación vigente.

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