El Tribunal Supremo ha decidido no remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la controvertida regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. De esta manera, el alto tribunal rechaza la solicitud de las comunidades autónomas de Aragón y la Comunidad Valenciana, que pedían elevar una cuestión prejudicial y suspender cautelarmente el proceso.
Pese a reconocer expresamente que existen dudas sobre el encaje legal de la medida con el derecho comunitario, el Supremo ha optado por continuar con el procedimiento ordinario sin paralizar la regularización. Esta decisión es especialmente relevante porque evita una posible suspensión temporal que podría haber afectado a cientos de miles de expedientes en tramitación.
La regularización extraordinaria, impulsada por el Ejecutivo, permite regularizar la situación de más de un millón de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España. Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han recurrido la medida ante el Tribunal Supremo, argumentando que excede las competencias del Gobierno y que podría vulnerar la normativa europea de extranjería y asilo.
En el marco de las medidas cautelares solicitadas, Aragón y Valencia insistieron en la necesidad de consultar al TJUE antes de seguir adelante con la aplicación masiva del decreto. Sin embargo, el Supremo ha desestimado esta vía y mantiene el procedimiento en España.
Esta resolución supone un importante revés para las comunidades que se oponen a la regularización y permite al Gobierno continuar con uno de sus proyectos estrella en materia migratoria. Fuentes jurídicas consultadas por ABC señalan que, aunque el Supremo ha admitido dudas de compatibilidad con el Derecho de la UE, considera que no es necesario elevar la cuestión en esta fase del procedimiento.
