Un total de 58 personas privadas de libertad han modificado su sexo registral desde que entró en vigor la Ley 4/2023, conocida como ley trans, según una resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la que ha tenido acceso The Objective. De estos cambios, 48 corresponden a reclusos que pasaron de hombre a mujer y los 10 restantes son de mujer a hombre.
Los datos corresponden al periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2023 (fecha de entrada en vigor de la norma) y la respuesta del Ministerio del Interior a una solicitud de información presentada al amparo de la Ley de Transparencia. La ley permite modificar el sexo registral mediante una simple declaración de voluntad ante el Registro Civil, sin necesidad de diagnósticos médicos ni tratamientos hormonales previos.
La cifra se ha duplicado respecto a la que se conocía hace un año (25 casos), aunque la Administración penitenciaria solo contabiliza aquellos cambios de los que tuvo conocimiento mientras la persona permanecía en prisión. Por tanto, el número real podría ser superior.
El Ministerio del Interior reconoce expresamente que no dispone de un control estadístico sobre las solicitudes de cambio de módulo o centro penitenciario relacionadas con la identidad de género. No se sabe cuántos internos han pedido ser trasladados a módulos femeninos tras identificarse como mujeres trans ni cuántos han solicitado lo contrario.
Instituciones Penitenciarias asegura que la asignación a módulos se realiza de forma individualizada mediante un “análisis holístico” por parte de los equipos técnicos y las Juntas de Tratamiento, y no depende automáticamente del sexo registral.
