La asociación profesional JUCIL ha elevado el tono de sus críticas contra la dirección de la Guardia Civil y ha reclamado la destitución inmediata del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. Todo después de conocerse que durante el pasado año un total de 64 guardias civiles fueron suspendidos cautelarmente de sus funciones, una cifra que la organización considera incompatible con el mantenimiento del máximo responsable operativo del cuerpo en su puesto.
La organización, una de las asociaciones con mayor representación dentro de la Guardia Civil, solicita la apertura urgente de un expediente disciplinario contra el DAO y su separación inmediata de funciones tras su imputación judicial en el denominado «caso Leire». Del mismo modo, reclama el cese de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, al entender que ambos han perdido la confianza necesaria para continuar al frente de la institución.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por JUCIL se centra en el diferente trato que, a su juicio, reciben los mandos y los agentes de base.
La asociación sostiene que mientras decenas de guardias civiles fueron apartados cautelarmente de sus funciones durante el pasado ejercicio al verse inmersos en procedimientos judiciales o disciplinarios, el DAO continúa ejerciendo plenamente sus responsabilidades pese a encontrarse investigado judicialmente.
Para JUCIL, esta situación transmite un mensaje de desigualdad dentro de la institución y erosiona la confianza de los propios agentes en los mecanismos internos de responsabilidad.
