Los próximos días serán decisivos en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción evaluará si solicita al juez Santiago Pedraz la imputación del PSOE como persona jurídica en la causa que investiga a Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del partido. Los contactos documentados entre la exmilitante y altos cargos socialistas han puesto el foco en la posible responsabilidad orgánica del partido.
Según la investigación que desvela ABC, Leire Díez habría desplegado una serie de maniobras para torpedear procedimientos judiciales que afectaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su círculo más cercano. Estas acciones incluirían presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos y otros. La exmilitante, que causó baja en el PSOE en junio de 2025, actuaba supuestamente con el respaldo o conocimiento de la dirección, según indicios que maneja el juez Pedraz.
Los investigadores examinan específicamente si el PSOE conocía estas operaciones y si encajan en el artículo 31 bis del Código Penal, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este precepto permite imputar a organizaciones cuando sus representantes o empleados cometen delitos en su beneficio o con su aquiescencia.
Los contactos de Díez con figuras relevantes del PSOE, incluido el exsecretario de Organización Santos Cerdán y otros cargos, son clave para determinar el grado de implicación institucional.
Entre los elementos que se analizan destacan ofrecimientos de ascensos, revelaciones de información confidencial y estrategias para influir en investigaciones en curso. Un comandante de la Guardia Civil declaró que Díez le ofreció un ascenso y actuaba “en nombre del ‘one’”, en aparente referencia a la cúpula del partido. Estos testimonios y documentos han ampliado el espectro de la investigación más allá de la militante individual.
Fuentes del PSOE han mostrado cautela. El partido ha mantenido que no hay indicios suficientes para su imputación y, en algunos momentos, ha contemplado acciones legales contra Díez y Cerdán para desvincularse de las actuaciones irregulares. Sin embargo, el avance de la instrucción ha generado inquietud interna, ya que una eventual imputación del PSOE como persona jurídica tendría un impacto político y reputacional enorme a pocos meses de posibles citas electorales.
El caso forma parte de una trama más amplia de presuntas “cloacas” socialistas destinada a proteger los intereses del Gobierno. La UCO ha documentado intentos de infiltración en instituciones públicas como la SEPI, la Guardia Civil o incluso la Fiscalía. Hasta el momento, varios altos cargos y exdirigentes ya figuran como investigados, lo que complica la defensa del partido.
Desde Moncloa se sigue con atención la evolución del procedimiento. La decisión de la Fiscalía Anticorrupción podría llegar en breve y marcará un antes y un después en la judicialización de la política española. Mientras, la oposición exige explicaciones y transparencia sobre el alcance real de estas operaciones dentro del PSOE.
El juez Pedraz tiene en sus manos piezas clave del sumario que podrían determinar si la “fontanería” era una actuación aislada o una estrategia orquestada desde las más altas instancias del partido.
