El Tribunal Supremo ha dado luz verde a la mayor parte del nuevo Reglamento de Extranjería, pero ha introducido correcciones significativas que favorecen los derechos de los familiares de inmigrantes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado varios preceptos clave, entre ellos aquellos que permitían denegar de forma automática autorizaciones de residencia y regularización por la mera existencia de antecedentes penales.
Según la sentencia, la Administración deberá realizar una valoración individualizada de cada caso, especialmente cuando estén en juego derechos familiares protegidos o situaciones vinculadas a la ciudadanía europea. Los jueces subrayan que deben ponderarse factores como la gravedad del delito cometido, el tiempo transcurrido desde su comisión, la situación familiar del solicitante y, muy especialmente, el interés superior de los hijos menores.
Esta decisión responde al recurso interpuesto por cinco entidades sociales de referencia: Cáritas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge, Andalucía Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes. Estas organizaciones consideraban que el reglamento aprobado el 19 de noviembre de 2024 había “dejado atrás” aspectos fundamentales de protección de derechos. El Supremo ha estimado parcialmente sus argumentos, manteniendo la validez general del texto pero corrigiendo sus puntos más restrictivos.
Además de la cuestión de los antecedentes, la sentencia anula otras medidas controvertidas. Por ejemplo, se elimina la norma que impedía el acceso a autorizaciones de residencia a menores extranjeros simplemente por estar casados, una disposición que podía perjudicar a víctimas de matrimonios forzados.
También se declara ilegal la previsión que suavizaba la obligación de las administraciones de prestar atención inmediata a menores extranjeros no acompañados, recordando que se trata de una obligación legal incondicionada.
