El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por Iustitia Europa para intentar paralizar de forma cautelar las nuevas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la conocida como Ley de Nietos. Como primer paso, el Alto Tribunal ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) que presente sus alegaciones en un plazo de diez días antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas.
La decisión supone que el Supremo analizará el fondo de la petición, aunque por el momento no implica la suspensión de las inscripciones en el censo. Para ello ha abierto una pieza separada de medidas cautelares y ha requerido a la JEC que se pronuncie sobre la solicitud de paralización urgente de las altas.
El recurso sostiene que las nacionalizaciones tramitadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática podrían tener un impacto irreversible sobre la configuración del censo electoral si no se revisan previamente los requisitos exigidos para acceder a la nacionalidad española. Entre las medidas solicitadas figura la identificación y separación de las inscripciones realizadas mediante este procedimiento, así como un mayor control documental sobre las solicitudes aceptadas.
La denominada Ley de Nietos, aprobada en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática, permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles exiliados. Ha generado un notable incremento de solicitudes de inscripción en el CERA. En las últimas semanas, la aplicación de la norma ha originado un intenso debate político y jurídico sobre los criterios empleados para asignar el municipio y la provincia de inscripción electoral de los nuevos nacionalizados.
Precisamente, la Junta Electoral Central ya había solicitado recientemente a la Oficina del Censo Electoral del INE que aclarase y homogeneizase los criterios utilizados para adscribir a estos nuevos electores a un municipio concreto, reclamando una mayor trazabilidad y objetividad en el procedimiento.
