El PSOE guarda silencio sobre las ocho reuniones entre María Jesús Montero y Zapatero

El PSOE ha optado por no realizar valoraciones sobre la información publicada por ABC, que revela la existencia de hasta ocho reuniones entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según el diario, los encuentros aparecen reflejados en correos electrónicos de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y ampliarían el número de contactos conocidos hasta la fecha.

La publicación llega en un momento de especial atención sobre Zapatero, después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara investigarlo en la causa relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En ese procedimiento se indagan presuntos delitos de tráfico de influencias y otras posibles irregularidades. Zapatero niega haber cometido ilícito alguno y la investigación continúa abierta.

De acuerdo con la información de ABC, los correos electrónicos evidenciarían una relación fluida entre el expresidente y Montero durante los años en los que esta ocupaba el Ministerio de Hacienda y tenía competencias sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo que canalizó el rescate de Plus Ultra. El diario sostiene que estos encuentros no figuraban entre la documentación inicialmente incorporada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Filtraciones

Preguntada por esta información, la portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, evitó entrar en el fondo del asunto. Según recoge ABC, aseguró que no iba a pronunciarse sobre «filtraciones» cuya veracidad dijo desconocer. Por su parte, María Jesús Montero no ha realizado declaraciones públicas sobre esta publicación.

Desde el Partido Popular, la portavoz en el Senado, Alicia García, ha utilizado la información para cuestionar la actuación del Gobierno durante el rescate de Plus Ultra, afirmando que las reuniones demostrarían la influencia de Zapatero en el Ejecutivo. Se trata de una valoración política que no forma parte de los hechos acreditados en el procedimiento judicial.