La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de vincular la reciente crisis migratoria de Ceuta a una sentencia del Tribunal Supremo ha provocado un profundo malestar en el alto tribunal. Según publica The Objective, varios magistrados consultados califican de «una indecencia tremenda» que el Ejecutivo sitúe a la Justicia como principal responsable de la situación vivida en la ciudad autónoma.
Las fuentes citadas por el diario sostienen que el problema tiene un origen eminentemente político y consideran que la avalancha migratoria no puede atribuirse a una resolución judicial. «Marruecos le ha pasado factura a Sánchez, y no sabemos por qué», señalan algunos de los magistrados consultados por el medio.
La polémica surgió después de que Sánchez afirmara en Ceuta que las mafias dedicadas al tráfico de personas habían realizado una «lectura interesada» de una sentencia del Supremo que establece que las devoluciones inmediatas no pueden aplicarse a quienes acceden a territorio español a nado, al no existir una frontera física en esos casos.
Sin embargo, The Objective recuerda que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llevaba tiempo reclamando una reforma de la Ley de Extranjería para adaptar la normativa al incremento de entradas por vía marítima. En la misma línea, el Partido Popular registró el pasado 16 de julio una proposición de ley para modificar la regulación de las devoluciones en frontera ante el cambio de las rutas migratorias.
Según las fuentes judiciales citadas por el diario, la sentencia del Supremo se limitó a interpretar la legislación vigente y no puede considerarse el origen de la crisis. Los magistrados reprochan al Gobierno haber convertido al tribunal en el foco de las críticas cuando, a su juicio, el verdadero debate corresponde al ámbito político y a la gestión de la política migratoria.
La información añade que algunos miembros del alto tribunal consideran que el Ejecutivo ha mantenido una estrategia migratoria «errática» y sostienen que la responsabilidad de impedir una entrada masiva corresponde al control fronterizo y a la cooperación con Marruecos. Asimismo, The Objective recoge que una de las fuentes consultadas realiza especulaciones sobre posibles factores que explicarían la actitud del Gobierno hacia Rabat, afirmaciones que no están respaldadas por pruebas públicas y que no han sido acreditadas judicialmente.
