La Guardia Civil habría advertido con más de tres semanas de antelación del riesgo de que el aumento de las entradas irregulares por vía marítima terminara provocando muertes en Ceuta y Melilla. Según la información publicada por Libertad Digital, una nota de despacho fechada el 8 de julio, semanas antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio, reclamaba expresamente un refuerzo de medios para hacer frente a una eventual escalada migratoria.
El documento partía de las consecuencias operativas de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo sobre las devoluciones de personas que acceden a las ciudades autónomas a nado. La Guardia Civil advertía de un “previsible incremento de la presión migratoria” y señalaba que el diferente tratamiento jurídico podía incentivar el uso de las rutas marítimas frente a los pasos terrestres.
Uno de los riesgos identificados era precisamente el “efecto llamada hacia las entradas a nado”, una modalidad que, según el informe, presentaba especiales dificultades para su detección e interceptación temprana. La Benemérita advertía asimismo de que la situación podía limitar la capacidad de respuesta inmediata y provocar una sustitución progresiva de los intentos de entrada por tierra por accesos marítimos.
Pero el aspecto más relevante del documento, según la información difundida, es que no se habría limitado a describir el problema. La Guardia Civil habría planteado medidas concretas para reducir el riesgo para la vida de los inmigrantes.
Entre ellas figuraba el refuerzo urgente del Servicio Marítimo Provincial de Ceuta mediante comisiones de servicio, así como el incremento de efectivos del GEAS en Melilla. También reclamaba potenciar los sistemas tecnológicos de detección y vigilancia costera para anticipar los intentos de entrada y mejorar la coordinación con las autoridades marroquíes.
La nota incluía expresamente la referencia al “riesgo para la vida de las personas implicadas” y proponía incluso modificar la legislación para permitir el rechazo en frontera ante cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla fuera de los pasos habilitados, garantizando las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional.
La posterior crisis fronteriza habría terminado con más de 140 fallecidos, según el balance recogido por Libertad Digital, muchos de ellos ahogados al intentar alcanzar Ceuta a nado.
Estos antecedentes adquieren especial relevancia en la investigación judicial dirigida por la juez María Tardón. La información publicada plantea si la existencia de advertencias previas y la petición de refuerzos no atendida pueden tener consecuencias jurídicas, aunque corresponderá a la investigación determinar responsabilidades y si existe relación penal entre las decisiones adoptadas y las muertes.
El dato políticamente más incómodo es otro: la Guardia Civil dejó por escrito el riesgo antes de que ocurriera la tragedia. Si los responsables políticos conocían esas advertencias, tendrán que explicar qué decisiones tomaron y por qué los medios solicitados no estaban disponibles cuando llegó la avalancha.
