En apenas siete días del tramo final de agosto de 2026, las calas y acantilados del litoral de Cartagena se han convertido en la puerta de entrada rápida hacia el continente europeo de cientos de ilegales. Desembarcos nocturnos y a plena luz del día en parajes como Cala del Barco, Cala Dentoles o Punta Negra así como otros puntos de las playas de Calblanque han vuelto a certificar el cambio de paradigma marítimo: la proliferación de las llamadas "pateras taxi".
Son lanchas de gran caballaje que cruzan el canal desde el norte de África —principalmente desde las costas de Argelia— en pocas horas y a precios desorbitados para quienes pagan el pasaje.
La llegada de cerca de 250 personas en apenas seis intervenciones consecutivas vuelve a saturar los protocolos primarios de recepción y redirige la mirada hacia el epicentro terrestre del conflicto: el antiguo Hospital Naval de Cartagena.
Lo que en noviembre de 2023 se anunció por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones como un recurso asistencial de carácter temporal —previsto para unos cuatro a seis meses con el fin de absorber repuntes migratorios— ha alcanzado en 2026 una consolidación institucional de facto.
En el perímetro militar del viejo hospital se levanta un entramado de carpas prefabricadas con capacidad teórica para entre 600 y 780 plazas. Sin embargo, el campamento ha generado una persistente controversia entre el Gobierno central, el Consistorio cartagenero y la ciudadanía de los barrios colindantes como Tentegorra o el Barrio de la Concepción.
La gestión del campamento no se ejecuta directamente desde las dependencias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sino mediante adjudicaciones y subvenciones de concesión directa a la ONG Accem, encargada del programa de atención humanitaria en este y otros recintos del Estado.
Los datos presupuestarios y de transparencia administrativa arrojan los siguientes costes operativos y de infraestructura:
| Concepto de Gasto | Cifras Estimadas / Partida | Observaciones y Cobertura |
| Presupuesto asistencial anual (CAED Cartagena) | 12 - 18 millones de €/año | Gestión continuada del centro (coste promedio por plaza/día entre 45 € y 65 €). |
| Inversión inicial en infraestructura | > 3,5 millones de € | Acondicionamiento de suelo, red eléctrica, saneamiento y montaje de carpas prefabricadas. |
| Coste marco nacional (Accem) | 33 - 74 millones de €/año | Partida asignada a la entidad para programas asistenciales de emergencia a nivel estatal. |
| Personal asistencial y técnico | 80 - 120 trabajadores | Cobertura en plantilla de trabajadores sociales, traductores, psicólogos y logística. |
| Vigilancia privada y logística | Incluido en partida de centro | Seguridad periférica 24h y mantenimiento diario de servicios químicos y residuos. |
El Ayuntamiento de Cartagena, encabezado por la alcaldesa Noelia Arroyo, mantiene una batalla legal activa contra la permanencia del centro. Tras elevar varios recursos ante el Tribunal Supremo, la vía contenciosa sostiene que el Ejecutivo central ha vulnerado de forma reiterada la legislación urbanística local.
Entre las irregularidades técnicas alegadas por los servicios jurídicos del municipio destacan:
La permanencia del recinto ha desgastado la convivencia en el entorno urbano de Cartagena. Las federaciones vecinales y colectivos de la zona han convocado concentraciones exigiendo el cierre del espacio y denunciando el aumento de la sensación de inseguridad.
A los altercados o riñas ocasionales en las inmediaciones del campamento se han sumado episodios de fuerte impacto mediático en la opinión pública local, como hurtos en comercios de proximidad e investigaciones policiales por agresiones violentas en el entorno de la rambla. Estos hechos han tensado aún más las posturas de los grupos políticos, especialmente VOX. Reclaman al Gobierno de España la clausura inmediata de la instalación y un despliegue reforzado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Hospital Naval de Cartagena permanece así en una encrucijada donde convergen las urgencias de la ruta migratoria del Mediterráneo Occidental, el desembolso continuado de recursos públicos de atención humanitaria y un conflicto político-judicial que parece distar de una solución concertada.
Las asociaciones de vecinos de los barrios colindantes al complejo militar han expresado de forma reiterada su descontento y malestar a través de concentraciones y escritos formales remitidos al Consistorio:
En relación con el impacto real en la delincuencia y los hechos más graves acaecidos en la zona:
Aunque oficialmente es un CAED (Centro de Atención, Emergencias y Derivación), en la práctica funciona como un CETI provisional, y es el recurso donde se derivan inmigrantes cuando el CATE queda saturado.
Ubicación: Está situado en el antiguo Hospital Naval de Tentegorra, en Cartagena. El centro comenzó en 2023 con 120 plazas, pero ha sido ampliado hasta 600 plazas. Y ha llegado a superar las 1.000 personas alojadas, según fuentes municipales. Esto lo convierte en uno de los mayores dispositivos de acogida del país.
El Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma han denunciado que las obras se realizan sin licencia municipal y que el Gobierno del Sanchismo está convirtiendo el recinto en un CETI permanente, pese a haber prometido que sería temporal. El caso ha llegado al Tribunal Supremo, que estudia si las obras se ajustan a la normativa urbanística.
El Ayuntamiento pidió retirar las carpas de grandes dimensiones instaladas en el recinto, pero un juzgado ha rechazado la petición y ha suspendido la multa municipal.
El Ministerio de Migraciones defiende que:
