La crisis migratoria de Ceuta continúa revelando grietas internas en el Gobierno. Según ha podido confirmar The Objective, asesores del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) plantearon en dos ocasiones la posibilidad de declarar un estado de excepción en la ciudad autónoma, una medida constitucional que habría permitido expulsar en cuestión de días a miles de inmigrantes irregulares que permanecen en la ciudad desde el asalto masivo del 30 de julio.
La propuesta, sin embargo, nunca llegó a las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional: fue bloqueada por el Ministerio de Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, durante el mes de agosto.
El estado de excepción, contemplado en el artículo 24 de la ley que regula los estados de emergencia, permite expulsar a extranjeros que hayan actuado “en connivencia con los perturbadores del orden público”, salvo menores y refugiados. Para los asesores del DSN, esta figura era la vía más eficaz para evitar el colapso burocrático que hoy impide agilizar las devoluciones.
Con el sistema actual, basado en la Ley de Extranjería, el ritmo de expulsiones es de unas 50 al día. Con más de 5.000 inmigrantes según el Gobierno —y 10.000 según el Ejecutivo ceutí—, el proceso podría prolongarse más de tres meses, coincidiendo con el inicio del curso escolar y manteniendo la ciudad en una situación de tensión permanente.
En lugar del estado de excepción, Moncloa aprobó la declaración de “situación de interés para la seguridad nacional”, una herramienta de coordinación que no permite medidas extraordinarias, ni aceleración de expulsiones, ni restricciones específicas para restablecer el orden público.
