El plan anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poner a disposición de jóvenes y nuevos profesionales unas 17.000 fincas rústicas del Estado con el fin de facilitar el relevo generacional en el campo se enfrenta a importantes limitaciones estructurales.
Según un estudio elaborado por el Servicio de Estudios de la plataforma Cocampo, el 76,4% de estos inmuebles tiene una superficie inferior a una hectárea, y la superficie mediana de los bienes identificados como Patrimonio del Estado es de apenas 0,416 hectáreas.
El análisis, publicado a punto de cumplirse ocho meses del anuncio gubernamental realizado en enero, detalla que sólo 176 fincas alcanzan las 10 hectáreas y únicamente 40 igualan o superan las 30 hectáreas.
A esto se suma el problema de la escasa información agronómica disponible, lo que impide determinar con precisión cuáles disponen de regadío, derechos de agua o suelos aptos para una explotación viable. Ante esta situación, el sector agrario ya advirtió en su día que muchas de estas parcelas, si son de secano estricto, resultan prácticamente inservibles.
El informe de Cocampo también recuerda que el Estado lleva más de una década intentando vender un perfil de patrimonio rústico muy similar en el BOE, donde la media histórica se sitúa en 0,429 hectáreas y con precios de salida muy bajos que a menudo se quedan desiertos por la dificultad de movilizar estos activos. Desde la plataforma señalan que, aunque la iniciativa puede sumar al relevo, la cartera de terrenos anunciada difícilmente podrá constituir por sí sola una solución estructural al problema de acceso a la tierra sin una correcta identificación jurídica, regularización y agregación de parcelas.
