MC Cartagena ha vuelto a reclamar al Gobierno municipal que aclare qué actividad se desarrolla en unas instalaciones de Punta Brava que durante las últimas semanas han acogido a menores de distintas nacionalidades.
La formación cartagenerista sostiene que vecinos de la zona le han trasladado su preocupación por el uso del inmueble y reclama información sobre su funcionamiento, capacidad y autorización. MC ya anunció que llevará la cuestión al próximo Pleno municipal.
El concejal Juan José López Escolar considera que el Ayuntamiento debe explicar qué está ocurriendo en las instalaciones y ha criticado la respuesta ofrecida hasta ahora por el Gobierno local.
“Desde MC fuimos los primeros en dar la voz de alarma ante las quejas que nos hicieron llegar vecinos de Punta Brava sobre un posible centro de inmigración”, ha señalado López Escolar, quien añade que posteriormente VOX también se ha interesado por el asunto.
La formación asegura que algunos residentes le han trasladado testimonios sobre destrozos en vehículos y robos en la zona, aunque estas denuncias forman parte de las cuestiones que MC reclama que sean comprobadas por las administraciones competentes.
MC subraya que no atribuye esos hechos a las personas migrantes ni establece una relación entre inmigración y delincuencia, sino que reclama que las preocupaciones trasladadas por los residentes sean investigadas y que se facilite información sobre la actividad desarrollada en el inmueble.
La polémica ha generado, sin embargo, versiones diferentes sobre el alcance de la preocupación vecinal.
El presidente de la Asociación de Vecinos de Punta Brava, Juan Antonio Ortiz, ha rechazado que exista un problema de convivencia en la localidad y ha asegurado que los menores llevan semanas participando en actividades en las instalaciones sin que se hayan producido incidentes. Según explicó a Radio Cartagena, el complejo funciona habitualmente como campamento para actividades acuáticas y deportivas y durante el verano ha acogido también a menores procedentes de otros países.
La alcaldesa, Noelia Arroyo, también ha negado que exista alarma social en Punta Brava. Según ha declarado, habló con el presidente de la asociación vecinal, que le trasladó que no había motivo de preocupación, y explicó que se trata de un recurso temporal para menores que cerrará al finalizar el verano.
MC mantiene, pese a ello, que el Gobierno municipal debe ofrecer información oficial sobre las instalaciones y sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad.
López Escolar ha reclamado que el Ayuntamiento aclare “qué actividad está autorizada” y qué administración está detrás del recurso.
“Si Punta Brava no es un centro de acogida, que expliquen exactamente qué es. Y si lo es, que digan quién lo ha autorizado, en qué condiciones funciona y por qué no se ha informado previamente”, ha señalado el edil.
MC recuerda que el municipio dispone de otros recursos vinculados a la atención de personas migrantes y sostiene que los vecinos tienen derecho a conocer qué actividad se desarrolla en su entorno.
La formación llevará sus preguntas al Pleno municipal, donde pretende obtener información sobre la naturaleza de las instalaciones, su autorización, capacidad y funcionamiento.
La controversia se mantiene así abierta entre las distintas versiones: mientras MC reclama explicaciones y asegura haber recibido quejas de residentes, la Asociación de Vecinos de Punta Brava sostiene que no existe un problema de convivencia y el Gobierno municipal mantiene que se trata de un recurso temporal para menores.
