La magistrada de la Audiencia Nacional Beatriz Biedma ha remitido un escrito al juez Santiago Pedraz en el que reclama medidas para proteger a sus testigos de posibles injerencias externas, en el marco de la causa que investiga las llamadas «cloacas del PSOE» y su relación con clanes del narcotráfico.
En su escrito, Biedma explica por qué decidió no desvelar la identidad de sus testigos en el procedimiento: "esta parte no quiso facilitar la identidad de sus testigos para salvaguardar su futura declaración", justificando así su decisión de blindar a quienes puedan aportar información clave al caso frente a posibles presiones o identificaciones públicas.
El contexto del escrito de Biedma se enmarca en las investigaciones sobre la red de Leire Díez, vinculada a contactos con clanes del narcotráfico de Badajoz, que según las pesquisas judiciales habría buscado deliberadamente dar un "sustillo" a la propia magistrada. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a Biedma que aporte pruebas que acrediten esa conexión entre la red investigada y el intento de amedrentarla.
La jueza ha documentado además una campaña de acoso sostenida a través de un canal de YouTube dirigido por un abogado vinculado a la causa, en el que ha sido calificada de "cobarde" y acusada de vulnerar derechos humanos. Entre los episodios más graves, Biedma recoge que se ha llegado a difundir información sobre el colegio de sus hijos y su presencia en reuniones escolares, además de mensajes con amenazas veladas como "te van a venir sorpresitas".
La petición de Biedma no es un hecho aislado dentro de la investigación sobre las cloacas del PSOE. La magistrada ya había trasladado previamente a la Audiencia Nacional el asesinato de un miembro del clan Rocho ocurrido durante la campaña de presión dirigida contra ella, un episodio que ilustra hasta qué punto la trama investigada habría recurrido a organizaciones criminales para presionar a la judicatura.
El caso de las cloacas del PSOE acumula ya varias líneas de investigación paralelas, desde los contactos con clanes de narcotráfico para actuar contra la juez que instruye el caso del hermano de Pedro Sánchez, hasta el supuesto intento de soborno al fiscal anticorrupción José Grinda con 300.000 euros, pasando por la utilización de fondos europeos para financiar parte del entramado, un extremo que ya está en el radar de las instituciones comunitarias.
Con esta última petición, Biedma busca blindar el procedimiento frente a un entorno que, según reflejan sus propios escritos, ha combinado presión mediática, amenazas veladas y contactos con el crimen organizado para intentar frenar el avance de una instrucción que cada vez apunta más alto dentro del entramado del PSOE y su gestión de los años de Gobierno de Pedro Sánchez.
El endurecimiento de las medidas de protección solicitadas por Biedma coincide además con las advertencias trasladadas semanas atrás por la portavoz de VOX Pepa Millán sobre la situación de vulnerabilidad de los jueces que instruyen causas contra el entorno del Gobierno, a los que acusó de estar sometidos a un auténtico "régimen del terror" por parte de las estructuras afines al PSOE. La propia magistrada insiste en que su objetivo no es paralizar la instrucción, sino garantizar que quienes se han atrevido a declarar puedan hacerlo sin miedo a represalias, en un caso que cada semana suma nuevos indicios sobre hasta dónde llegó la trama para intentar frenar a la Justicia.
