Detrás de las imágenes del mediático desahucio de Maricarmen Abascal —convertida en símbolo del problema de la vivienda en España— existe una versión que cuestiona el relato monolítico de la «pobre ancianita vulnerada».
Ignacio Lázaro, de 56 años y miembro de la familia que construyó y fue dueña del edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro, rompe su silencio para exponer la realidad de la convivencia y la gestión de la finca. Lo ha hecho en una amplia entrevista en ABC.
El origen del inmueble se remonta a los años cincuenta, cuando su abuelo llegó a la capital desde Brea de Aragón «con una maleta» y, tras décadas de trabajo en la industria textil junto a sus cuatro hijas, logró adquirir la finca en lo que entonces era un barrio de trabajadores. En ese mismo edificio entró a vivir la familia de Maricarmen, conocida en el barrio como 'la Lechera'.
Frente a la narrativa de acoso inmobiliario, Lázaro recuerda que cuando el contrato legal expiró, sus tías decidieron mantenerle el alquiler «por empatía» hacia una mujer que por entonces ya rondaba los 60 años.
En 2016, Maricarmen pagaba una renta congelada de apenas 154,38 euros mensuales (que alcanzaba los 436 euros incluyendo servicios comunes como conserjería, agua y calefacción) por un piso en una de las zonas más cotizadas del centro de Madrid. En contraste, el propio Ignacio abonaba a su propia familia más de 750 euros mensuales por alquilar la vivienda de enfrente.
Lejos de la imagen pública proyectada tras el desalojo, Lázaro define la convivencia con su antigua vecina de puerta como «insoportable y retorcida»:
«Era una persona extremadamente molesta. Se quejaba constantemente de todo: de la calefacción, del ascensor, del ruido de mis hijos... Era una persona desagradable en el trato y que nunca agradeció que mis tías decidieran mantenerla en la vivienda».
Los costes de mantenimiento de la finca, la pocería y las constantes reparaciones asumidas por la familia abocaron a la venta del inmueble en 2018 al grupo Renta Corporación. A partir de ese momento, los herederos de la finca tuvieron que marcharse a vivir de alquiler en la periferia o fuera de Madrid (Ignacio abona actualmente 1.200 euros en Rivas-Vaciamadrid).
Lázaro critica con dureza el linaje mediático e ideológico hacia los pequeños propietarios e inversores de renta tradicional, así como las soluciones institucionales ofrecidas tras el desalojo:
«Primero la tuvimos subvencionada nosotros durante años y ahora parece que vamos a seguir manteniéndola a través de nuestros impuestos. Nosotros no somos hijos de marqueses; detrás de la propiedad hay una historia de esfuerzo que se ha olvidado».
