Un nuevo terremoto parlamentario sacude la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la antesala de la votación clave de este viernes. Tras guardar un hermético silencio durante toda la jornada, la ejecutiva de Junts —reunida de urgencia de forma telemática por convocatoria del secretario general Jordi Turull— ha anunciado que rechazará la convalidación de los dos reales decretos ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y exigirá al Gobierno la "retirada" de los textos y la elaboración de una nueva propuesta normativo.
Coincidiendo simbólicamente con el 1 de octubre, aniversario del referéndum de 2017, la formación de Carles Puigdemont vuelve a colocarse en el centro del tablero nacional marcando un punto de inflexión.
Pese a que el presidente del Gobierno se había mostrado "razonablemente optimista" tras recabar apoyos de Podemos, PNV y Coalición Canaria para al menos uno de los decretos —el que veta las compras por fondos buitre y prorroga la moratoria de desahucios hasta 2030—, la postura inflexible de la bancada posconvergente deja las iniciativas al borde del colapso. "No tenemos miedo de quemarnos para continuar defendiendo los intereses de las familias catalanas", aseveró la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, confirmando que darán un "voto favorable" solo si se presenta un articulado de nuevo cuño que responda de forma efectiva a la problemática.
El rechazo de Junts obedece tanto a reparos ideológicos como de oportunidad política. Desde el seno del grupo parlamentario se califica la medida de "parche" e intervencionismo perjudicial para el mercado inmobiliario que corre el riesgo de reducir la oferta y elevar los precios, castigando directamente a su electorado de clase media-alta y pequeños propietarios. Asimismo, fuentes de la formación sostienen que errar con soluciones cortoplacistas solo "da alas a fuerzas de ultraderecha" como Alianza Catalana y VOX.
La negativa rotunda de los siete diputados de Junts deja al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición de extrema debilidad en el arranque del curso político. Tras el impacto mediático del "caso Maricarmen" y la urgencia de acreditar logros legislativos, el veto independentista paraliza la estrategia de la Moncloa e intensifica las especulaciones sobre la viabilidad de la legislatura.
