JAVIEREn pleno foco mediático por el debate sobre la vivienda y la polémica en torno al denominado «caso Maricarmen», el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado el Boletín Oficial del Estado (BOE) para ejecutar un importante cambio regulatorio sobre la gestión migratoria en la frontera sur.
Según revela una información analítica firmada por el periodista Carlos Cuesta en Libertad Digital, el Ejecutivo publicó este miércoles 30 de septiembre el Real Decreto 761/2026, una modificación legal dictada para asumir el mando único y facilitar la apertura inminente de nuevos campamentos de acogida en la ciudad autónoma de Ceuta.
La norma modifica el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, que declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional tras la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio, una crisis que suma ya dos meses sin resolución definitiva. Aunque el preámbulo gubernamental insiste en que la prioridad sigue siendo el retorno de los inmigrantes irregulares «con pleno respeto a la normativa aplicable», el texto legal habilita los cauces para ampliar de forma indefinida las infraestructuras de permanencia en la zona.
La reforma justifica la necesidad de habilitar de manera continua nuevos «espacios específicos de acogida» para alojar a la población inmigrante, reorientando los recursos económicos y materiales previamente asignados a la emergencia.
La principal novedad operativa es la incorporación directa de la parcela perteneciente al Centro Penitenciario de Ceuta, un terreno que el texto califica de «ubicación idónea» y con una «superficie óptima» para la instalación inmediata de infraestructuras de acogida temporal. En definitiva, convertir Ceuta en un CETI permanente.
Además, el decreto introduce una clave jurídica decisiva: faculta al presidente del Gobierno para acordar, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, la modificación del alcance material o geográfico de la emergencia mediante nuevos reales decretos. Con esta atribución de mando único, el Ejecutivo del Sanchismo amarra la capacidad discrecional de disponer sobre el suelo y los recursos de Ceuta para levantar campamentos, consolidando la presencia de los migrantes en la ciudad autónoma bajo el argumento de adaptar la respuesta humanitaria a las «nuevas realidades» del conflicto fronterizo.
