Hay imágenes que retratan mejor que cualquier discurso las contradicciones de la política española. Mientras la diputada del PP Ana Vázquez ha sido expedientada por mostrar en el Congreso un espray de gas pimienta para denunciar la inseguridad que, según sostiene, viven mujeres y menores en Ceuta, desde la izquierda se ha puesto el foco en el objeto y en la actuación parlamentaria de la diputada. La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, ha abierto un expediente que podría acabar incluso en una suspensión temporal del acta y del sueldo. Y a eso hay que sumar la 'indignación' de Bildu, los herederos de ETA. A la vez socios fieles del Sanchismo.
El episodio adquiere una dimensión especialmente controvertida cuando se contrapone con la posición histórica y actual de EH Bildu respecto al pasado de violencia política en las Vascongadas. En julio de 2026, distintas formaciones vascas reclamaron a Bildu una condena explícita de nuevos episodios de violencia callejera, después de ataques y actos vinculados al entorno de la denominada kale borroka.
La comparación resulta inevitable: máxima sensibilidad ante un spray utilizado para denunciar una situación de inseguridad y, al mismo tiempo, una permanente controversia sobre la manera en que el entorno político de la izquierda abertzale afronta la memoria de décadas de terrorismo y violencia callejera.
Las víctimas de ETA llevan años reclamando que no basta con mirar hacia adelante: también consideran fundamental reconocer el daño causado y condenar inequívocamente la violencia. La Asociación Víctimas del Terrorismo ha mantenido recientemente sus críticas a determinadas decisiones relacionadas con presos de ETA y ha vuelto a poner el foco en el sufrimiento de quienes fueron asesinados o heridos por la organización terrorista.
Y mientras tanto, en la invasión de Ceuta, EH Bildu ha defendido una posición muy diferente a la de quienes reclaman una respuesta basada prioritariamente en seguridad y control fronterizo. Su portavoz en el Congreso, Merche Aizpurua, llegó a afirmar que el Gobierno “hizo lo que pudo” ante la entrada masiva registrada a finales de julio, pese a que el CNI había detectado previamente un llamamiento para realizar un asalto por tierra y mar.
El contraste político se completa con el discurso de PSOE y otras formaciones de izquierda, que han defendido una respuesta basada en la coordinación y la humanidad ante la crisis migratoria. EFE resumió las posiciones de los partidos señalando que el PSOE apostaba por “coordinación, humanidad y refuerzo de recursos”, frente a planteamientos más restrictivos.
El problema, para sus críticos, es que la humanidad parece aplicarse con una vara de medir muy diferente cuando quienes reclaman protección son ciudadanos que sienten miedo en sus propias calles.
El caso de Ana Vázquez ha vuelto a poner precisamente esa cuestión encima de la mesa. La diputada sostiene que mostrar el espray pretendía visibilizar que algunas mujeres y menores de Ceuta recurren a este tipo de productos como mecanismo de autoprotección. El incidente posterior, cuando un asesor del PP manipuló el aerosol en un baño y provocó la propagación del gas por varias dependencias del Congreso, es un hecho distinto que ha generado sus propias responsabilidades y críticas. Al menos doce personas tuvieron que ser atendidas.
