Una investigación exclusiva publicada por El Debate ha sacado a la luz la existencia de una segunda asesora sufragada con fondos públicos y adscrita a la Oficina del Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha identificado a Judit Laure Wells Sutton como funcionaria de Presidencia del Gobierno a sueldo del Estado desde 2018. Su hallazgo la sitúa directamente en el foco de las pesquisas judiciales sobre la supuesta red criminal vinculada a los rescates estatales y el blanqueo de capitales.
De acuerdo con la documentación y los extractos del acta de registro del pasado 19 de mayo a los que ha tenido acceso el citado medio, Wells compartía la "habitación número 1" de la oficina de la calle Ferraz con la también investigada María Gertrudis Alcázar.
Durante el operativo policial, la UDEF intervino diverso material sensible en carpetas y agendas, así como dos cuentas de correo electrónico de Wells vinculadas directamente a la estructura orgánica del PSOE, lo que evidencia el estrecho nexo entre los recursos de la Moncloa y las operativas del partido.
| Integrante de la Oficina | Cargo / Función | Relación con la Investigación |
| José Miguel Vidal Zapatero | Jefe de Gabinete (Primo de Zapatero) | Custodio de la caja fuerte con las joyas incautadas por la UDEF. |
| Gertrudis Alcázar | Personal administrativo | Definida por el juez como "pieza operativa esencial" de la red. |
| Judit Laure Wells Sutton | Asesora de Presidencia del Gobierno | Empleada en el despacho de Ferraz con correos vinculados al PSOE. |
El auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel Calama, es demoledor respecto al papel ejercido por el personal de confianza de Zapatero.
El magistrado señala que la oficina del expresidente funcionaba como la sede logística desde la que «se imparten instrucciones, se elaboran documentos y se articula la operativa financiera». En dicho auto se concreta cómo Zapatero transmitía sus directrices a través de Alcázar y Wells para dar cobertura formal a la actividad supuestamente ilícita.
Esta revelación salpica directamente a la Presidencia del Gobierno, dirigida por Pedro Sánchez. Desde Moncloa no solo se mantiene el sostenimiento presupuestario de la oficina —cuyo Jefe de Gabinete, el primo de Zapatero, percibe un sueldo del nivel 30 público—, sino que se blinda el silencio sobre los gastos de alquiler y el uso del dispositivo de seguridad y escoltas oficiales para las reuniones privadas de la trama.
Todo ello mientras Zapatero continúa imputado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, contrabando y pertenencia a organización criminal sin haber acreditado, tras cuatro meses, el origen legal de las joyas incautadas en su caja fuerte.
