El negocio de la inmigración irregular en España, de ilegales, vuelve a situar en el centro del debate la red de clientelismo y afinidad política desplegada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha prorrogado por un periodo de cuatro años la concesión del servicio de acogida de inmigrantes en situación ilegal a la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
La entidad se encuentra encabezada por figuras históricas del partido: su presidenta de honor es Francisca 'Paquita' Sauquillo —actual presidenta del PSOE de Madrid— y su presidente ejecutivo es Manuel de la Rocha Rubí, exalcalde socialista y padre del director de la Oficina de Asuntos Económicos del Palacio de La Moncloa. Así lo ha desvelado OkDiario.
A través del sistema de «acción concertada», el Gobierno transfiere partidas millonarias de las arcas públicas para que esta organización afín asuma la atención integral de las personas ilegales en proceso de protección internacional.
El volumen de gasto público destinado a esta ONG supera los 3,4 millones de euros en los últimos años, traducido en una asignación de hasta 1.700 euros por cada inmigrante atendido. Los fondos cubren desde alojamiento, manutención y dinero de bolsillo para gastos diarios hasta asistencia jurídica, traducción y actividades de ocio.
| Concepto / Detalle | Cifras y Datos |
| Entidad beneficiaria | Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) |
| Dirigentes vinculados | Paquita Sauquillo (Presidenta PSOE Madrid) y Manuel de la Rocha |
| Duración del contrato | Prórroga de 4 años fijada mediante resolución en el BOE |
| Coste medio por inmigrante | Hasta 1.700 euros por persona |
| Presupuesto gestionado (2024-2025) | 3.491.822 euros para más de 2.700 plazas |
El flujo de dinero público hacia MPDL no se limita a las partidas de atención humanitaria. La organización recibe además una lluvia constante de subvenciones provenientes de diversos departamentos del Gobierno.
En lo que va de año, la Agencia Española de Cooperación (Exteriores) le ha inyectado 930.213 euros para «acciones humanitarias», mientras que Inclusión y Derechos Sociales han aportado más de 940.000 euros adicionales en concepto de «interés general y cohesión social».
La posición privilegiada de esta entidad se consolida en pleno proceso de regularización masiva promovido por el Ejecutivo. MPDL ha sido seleccionada como una de las organizaciones capacitadas para emitir los cotizados «informes de vulnerabilidad», un documento clave para que los inmigrantes sin papeles tramiten su residencia legal en España.
Esta acumulación de competencias y financiación entre dirigentes de la propia cúpula socialista evidencia la consolidación de un próspero chiringuito ideológico alimentado con impuestos públicos bajo el pretexto de la gestión migratoria de ilegales.
