En la sede nacional de VOX no hay espacio para la inocencia política. Pese a la severa derrota parlamentaria sufrida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la derogación en el Congreso de los Diputados de sus decretos sobre vivienda —el denominado 'decreto Maricarmen'—, la formación conservadora no se hace «ninguna ilusión» respecto a una posible convocatoria de elecciones generales anticipadas.
Desde Bambú, según adelanta ABC, asumen con pragmatismo que el líder del Gobierno agotará la legislatura a cualquier precio, ignorando el desgaste institucional y la pérdida de apoyos en la Cámara Baja.
Aunque el propio presidente de VOX, Santiago Abascal, ha vuelto a exigir con firmeza la disolución inmediata de las Cortes para poner fin a lo que califica como el «Gobierno de la corrupción, de la mentira y la ruina», en el seno de la dirección del partido son conscientes de la determinación del Ejecutivo para aferrarse al poder.
Fuentes cercanas a la cúpula de VOX subrayan a ABC que «con Sánchez, cualquier análisis sobre lo que sería sensato o normal resulta imposible». A su juicio, este nuevo revés en el hemiciclo es tan solo una piedra más en el camino que no alterará la hoja de ruta del Presidente.
Desde la formación fundamentan su escepticismo en los antecedentes acumulados por el sanchismo a lo largo de los últimos ocho años. «Un presidente que permite la invasión de Ceuta, que incumple por cuarta vez la exigencia constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado, que amnistía golpistas y que encabeza una trama acorralada por la corrupción debería haber dejado la presidencia hace ya tiempo», señalan desde Bambú, dejando claro que, aunque la salida a las urnas sería lo deseable, no esperan ningún gesto de dignidad política por parte del Palacio de la Moncloa.
Paralelamente, la dirección de VOX ha denunciado que el debate exprés sobre la vivienda no ha sido más que una maniobra de distracción orquestada por el Gobierno del PSOE para tapar la gravedad de los acontecimientos en el norte de África.
Durante su intervención plenaria, Abascal acusó al Ejecutivo de utilizar la crisis habitacional como una cortina de humo para invisibilizar la situación de Ceuta, donde «hay 80.000 españoles amenazados de desahucio en su propia ciudad de los que nadie se acuerda». En la misma línea, el portavoz parlamentario José María Figaredo reiteró que la tramitación de los decretos derogados solo buscaba distraer la atención pública del colapso fronterizo e impedir que se fiscalice la gestión gubernamental en la frontera sur.
