La vivienda se ha consolidado como uno de los principales frentes de descontento social en España, en gran medida por el impacto desmedido que ejerce la presión fiscal sobre el precio final de los inmuebles. Diversos expertos del sector inmobiliario y de la economía pública coinciden en calificar al Ejecutivo del Sanchismo de gestionar una auténtica «Hacienda buitre», un mecanismo estatal volcado en exprimir la fiscalidad del ladrillo para maximizar la recaudación mientras la oferta de pisos sociales se mantiene bajo mínimos.
Lejos de destinar los recursos obtenidos a aliviar la escasez de oferta, la política impositiva del Gobierno del presidente Pedro Sánchez está encareciendo el acceso a un hogar tanto en régimen de compra como de alquiler.
Según los datos analizados por la comunidad académica y el sector socioeconómico, y recogidos por The Objective, las figuras tributarias vinculadas al inmobiliario —que abarcan desde el IBI hasta el IVA, el ITP o las licencias urbanísticas— generan más de 50.000 millones de euros anuales, el equivalente al 3,5% del PIB.
En el segmento de la venta, la carga impositiva llega a representar el 25% del coste total de un inmueble, mientras que en las promociones dedicadas al alquiler el gravamen alcanza un desproporcionado 44%, situándose 13 puntos por encima de la media europea.
Economistas de referencia, como Diego Sánchez de la Cruz (Instituto Juan de Mariana) o el catedrático José García Montalvo (UPF), señalan a The Objective que gravámenes como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) funcionan como una barrera insalvable para las rentas medias y jóvenes, al exigir que el comprador desembolse la mitad del pago inicial en concepto de tributos en el mismo momento del acuerdo. Esta asfixia tributaria limita drásticamente la capacidad de ahorro de las familias y expulsa a los compradores particulares del mercado, encauzándolos forzosamente hacia el alquiler.
A este escenario se suma la paralización del desarrollo de vivienda de alquiler debido a la falta de seguridad jurídica y al sobrecoste de la regulación. Pese al elevado volumen recaudado por las distintas administraciones, los presupuestos públicos destinados a la vivienda apenas suponen un 1% del total.
El consenso técnico apunta a que restringir los precios o imponer limitaciones administrativas no resuelve el problema, sino que desincentiva la oferta; por el contrario, la solución pasa por una revisión completa del modelo fiscal que reduzca los tributos de entrada y genere confianza a largo plazo.
