Con el horizonte fijado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, VOX ha dado un nuevo paso en su ofensiva judicial contra la aplicación de la conocida Ley de Nietos.
La formación liderada por Santiago Abascal ha presentado este lunes un requerimiento ante la Junta Electoral Central (JEC) y el Tribunal Supremo para exigir que no se incluya en el censo electoral a las personas inscritas de manera irregular a través de esta norma.
El movimiento de la formación conservadora busca la ejecución inmediata del auto del Tribunal Supremo que suspendió los efectos electorales de determinados inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática.
Para garantizar su efectividad, VOX ha solicitado al Alto Tribunal que requiera a la JEC o a la Oficina del Censo Electoral un listado de los afectados por provincia, detallando las medidas concretas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión en los comicios del 29-N.
Como vía alternativa, la formación plantea suspender los efectos electorales de la totalidad de las inscripciones del CERA tramitadas bajo la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, dejando abierta la opción de que cada afectado pueda reclamar su derecho de voto de forma individual si acredita cumplir con los supuestos de exilio exigidos por la LOREG.
Esta acción judicial se produce tras la revelación de documentos internos procedentes del Ministerio de Justicia.
Según denunció la formación y confirmó la investigación del caso, dos oficios firmados en 2023 por la alta dirección del ministerio trasladaron pautas directas a la red consular para ampliar la concesión de la nacionalidad a sucesivas generaciones sin límite de parentesco. Estos criterios permitieron inscripciones masivas en el exterior que ahora quedan en el centro de la batalla jurídica a las puertas del inicio de la carrera electoral.
