La inquietud del estamento judicial español por la pérdida de calidad democrática ha quedado reflejada en cifras alarmantes. El 87% de los profesionales del sector jurídico en España considera que el Estado de Derecho se ha deteriorado en los últimos tres años. Las principales causas señaladas son el incremento de la presión del poder político sobre los tribunales, el uso abusivo de decretos ley y la tramitación legislativa acelerada.
Así lo revela el informe Dentro de la mente jurídica: encuesta a la profesión legal europea 2026, elaborado por el Grupo Karnov tras consultar a más de 3.000 profesionales de España, Francia, Suecia, Noruega y Dinamarca (con una muestra de más de 500 juristas en el ámbito nacional).
España se sitúa como el país del estudio donde la profesión legal percibe una mayor amenaza institucional. Un 85% de los encuestados españoles sostiene que el Estado de derecho «sufre presión», una cifra que contrasta fuertemente con la media europea (53%) y con el escenario de las naciones nórdicas, como Suecia (41%), Noruega (36%) o Dinamarca (47%).
Solo Francia muestra datos cercanos, con un 78%. Apenas un 9% de los expertos en España considera que la situación se ha mantenido estable en el último trienio.
El principal factor del desgaste es la intromisión política. Un 88% de los consultados en España cree que las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo minan la independencia judicial y vulneran las limitaciones legales. Este malestar respalda las advertencias formuladas recientemente por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quienes durante la apertura del año judicial tildaron de inasumibles las acusaciones de lawfare dirigidas a los jueces desde el ámbito político.
Además del factor político, los juristas españoles y franceses identifican a los medios de comunicación y a la polarización en redes sociales como catalizadores de las campañas de desprestigio contra los tribunales.
En contraposición, los países nórdicos señalan con mayor preocupación la penetración del crimen organizado o los riesgos del uso incontrolado de la inteligencia artificial, una tecnología que solo inquieta al 11% de los profesionales españoles. Con estos datos, la profesión jurídica en España firma un contundente llamado de atención ante la degradación de la división de poderes.
