La vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles, mencionada por el 37,5% de la ciudadanía en las encuestas del CIS, muy por encima de la crisis económica o la inmigración.
Sin embargo, un análisis detallado de la ejecución presupuestaria revela que el Ejecutivo del Sanchismo ha dado la espalda al problema: mientras la chequera pública se ha volcado en aumentar la mayor parte de las partidas presupuestarias, la vivienda es la única materia que sufre un desplome drástico en la inversión pública. Lo ha revelado Carlos Arenas Laorga, doctor en Economía y analista de fondos, para El Debate.
Los números reflejan un contraste flagrante. En los últimos 15 años, el gasto público global en España ha crecido un 46,66%, impulsado por fuertes incrementos en protección social (+72,24%), servicios generales (+51,84%) o sanidad (+41,03%).
En la comparativa, la partida destinada a vivienda aparece como la única gran damnificada del presupuesto, habiéndose reducido en un 45,48%. Mientras las cuentas del Estado menguan la inversión en el sector inmobiliario, la Administración obtiene anualmente unos ingresos vinculados a la vivienda de 30.000 millones de euros frente a un gasto estatal de apenas 1.500 millones.
La inacción pública se traslada directamente a la construcción y calificación de vivienda protegida (VPO).
Frente al promedio anual de 60.000 viviendas protegidas calificadas entre 1991 y 2012, en 2025 apenas se calificaron 11.104 —un 22,7% menos que el ejercicio anterior—. De esa cifra, la iniciativa pública solo promovió 4.046 unidades, dejando el peso restante en manos del sector privado. La desproporción es evidente: por cada vivienda protegida terminada, el mercado puso en marcha once viviendas libres.
Esta escasez de oferta choca frontalmente con la demografía del país. Datos del Banco de España señalan que en 2025 se crearon 240.000 nuevos hogares mientras solo se concluyeron 92.000 viviendas.
Esta brecha ha generado un déficit acumulado que supera las 750.000 casas y que, de mantenerse la tendencia, alcanzará el millón de unidades en los próximos dos años.
Sin un giro radical en la política de oferta y gasto, el estrangulamiento del mercado continuará castigando el bolsillo de las familias. Pero para la izquierda, la culpa es de la ‘ultraderecha’, de los rentistas y de los fondos buitre.
