Durante años, la desaladora de Escombreras ha quedado asociada a una de las operaciones de mayor impacto económico de la Administración regional.
Ahora, cuando la causa ya encara su fase de juicio oral, la Justicia mantiene una garantía económica de 70 millones de euros para responder a las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado, en seis autos notificados este martes, la fianza de 70 millones de euros. Las resoluciones rechazan los recursos presentados por las defensas contra el auto de apertura de juicio oral dictado el 11 de noviembre de 2024, que estableció esa cantidad para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias y advirtió de que podrían embargarse bienes suficientes en caso de impago.
La medida afecta a la pieza principal del procedimiento, en la que figuran el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá y otros 14 acusados. La investigación ha examinado las decisiones administrativas, financieras y contractuales vinculadas a la construcción y explotación de una infraestructura impulsada por la Comunidad Autónoma durante la etapa de expansión urbanística de los años 2000.
El proyecto se articuló mediante una estructura en la que participaron la empresa pública Hydroamusa y la sociedad Desaladora de Escombreras S.A., con presencia de empresas privadas (ligadas al grupo ACS de Florentino Pérez) y entidades financieras.
La Administración regional asumió compromisos económicos y avales relacionados con una planta cuyo modelo de explotación terminó generando un importante coste para las arcas públicas. La viabilidad del proyecto saltó por los aires debido a un doble error de previsión: el agua de la desaladora resultó inasumible para los ayuntamientos y agricultores, y los caudales que se proyectaron nunca llegaron a necesitarse tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
La investigación judicial trata de determinar si en ese proceso se produjeron irregularidades constitutivas de delitos como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude, es decir, si el Gobierno regional asumió un modelo de colaboración público-privada que blindó los beneficios de las constructoras privadas ligadas al grupo ACS a costa de generar un agujero multimillonario en las arcas públicas, que hoy se acerca a los 700 millones de euros.
El procedimiento ha alcanzado ya la fase de apertura de juicio oral, aunque la Audiencia recuerda que ninguna de las cuestiones de fondo puede darse por resuelta en este momento.
