Maricarmen Abascal pidió ayuda a Pedro Sánchez meses antes de ser desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante décadas. La mujer, de 87 años, había enviado una carta al presidente del Gobierno en la que le reclamaba que interviniera ante su situación y defendía la necesidad de garantizar una mayor estabilidad para los inquilinos. El caso terminó convirtiéndose en uno de los principales focos del debate sobre la vivienda en España.
Abascal falleció el 7 de octubre de 2026 en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada desde el día de su desahucio, el 23 de septiembre. Su expulsión de la vivienda desencadenó movilizaciones y situó su caso en el centro de la discusión política sobre los alquileres, los desahucios y la protección de los inquilinos vulnerables.
Meses antes del desahucio, Maricarmen ya había trasladado públicamente su situación al presidente del Gobierno. En una carta difundida con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, reclamaba cambios en el sistema de alquiler y defendía la implantación de contratos que ofrecieran mayor seguridad a quienes llevaban décadas viviendo en una misma casa.
En el escrito, la mujer apelaba directamente a la responsabilidad de Sánchez y cuestionaba si el Gobierno era consciente de la situación que atravesaban personas como ella.
«Usted tiene la capacidad, la responsabilidad y el poder de cambiar esto», señalaba Maricarmen en su mensaje.
La anciana explicaba que tenía 87 años y que se enfrentaba a la posibilidad de perder el que había sido su hogar durante buena parte de su vida. Su deseo era poder mantener la estabilidad que le había proporcionado durante décadas el contrato de alquiler firmado originalmente por su padre.
La petición terminaba con una referencia personal al paso del tiempo y a su deseo de permanecer en aquella vivienda: «Cuando termine su mandato yo querría seguir aquí».
El conflicto por el piso de Maricarmen se remontaba a años atrás y estaba relacionado con un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. La adquisición del inmueble por parte de una nueva sociedad abrió una disputa sobre la continuidad del arrendamiento.
La propiedad pretendía establecer nuevas condiciones económicas acordes con los precios de mercado, mientras que Maricarmen rechazaba abandonar las condiciones del contrato que había mantenido durante décadas.
Para ella, la vivienda no era únicamente un inmueble. En sus mensajes públicos explicaba que allí había cuidado de sus padres, trabajado y desarrollado prácticamente toda su vida.
«Esta casa es mía, no porque la haya comprado sino porque la he vivido», defendía.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid convirtió su situación en una de sus reivindicaciones y denunció las dificultades a las que se enfrentaban los titulares de contratos de alquiler antiguos cuando sus viviendas pasaban a manos de nuevos propietarios.
El 23 de septiembre de 2026 se ejecutó finalmente el desahucio de Maricarmen después de varios intentos anteriores. La mujer fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento.
Su caso provocó una importante movilización social en Madrid. Las protestas se extendieron y tuvieron uno de sus principales puntos de concentración en la Puerta del Sol, donde organizaciones sociales y ciudadanos reclamaron medidas para reforzar la protección de las personas afectadas por desahucios y por la subida de los alquileres.
