El Gobierno de la Nación ha terminado por verbalizar de forma explícita la exigencia parlamentaria que propició uno de los giros legislativos más controvertidos de la democracia reciente. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha admitido abiertamente que la Ley de Amnistía se pactó con las formaciones independentistas Esquerra Republicana (ERC) y Junts para alcanzar la cifra mágica de la mayoría absoluta: sumar los 176 votos indispensables para que Pedro Sánchez fuera reelegido presidente del Gobierno tras los comicios generales del 23 de julio.
Durante una entrevista en la Cadena SER, el titular de la cartera de Justicia contextualizó las negociaciones argumentando que la amnistía respondía a una estricta necesidad aritmética en el Congreso de los Diputados, combinada con un objetivo político superior. «La amnistía se pacta con Junts, con Esquerra Republicana y con otros grupos parlamentarios para sumar la mayoría de 176 votos que necesitábamos», reconoció Bolaños, haciendo hincapié en que la iniciativa conllevaba el «segundo apellido» de favorecer «la normalización política, institucional y social en Cataluña». Según el ministro, ese «efecto útil» para la cohesión territorial de España se ha materializado con éxito.
Preguntado sobre el viraje del PSOE, que antes del 23-J mantenía de forma categórica que la amnistía resultaba inconstitucional, Bolaños justificó el cambio de postura alegando que aquella valoración previa se emitió antes de realizar un examen técnico riguroso.
El ministro defendió que el criterio cambió tras «estudiarlo en profundidad» y desarrollar la redacción del texto final, arremetiendo además contra la oposición de Partido Popular y Vox por haber convocado protestas ciudadanas basadas en lo que tildó de «patrañas» y «mentiras».
En el plano procesal, Bolaños enfatizó que el Estado de Derecho ha avalado los presupuestos del Ejecutivo tras el recorrido de la norma por los tribunales. En este marco, se refirió de forma directa a la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Al haberse levantado la orden nacional de detención por parte del Tribunal Supremo, el ministro sostuvo que la vuelta del líder independentista a España es únicamente «una decisión que le corresponde a él», garantizando que «podría regresar hoy si quisiera» sin riesgo de ser arrestado.
La posición del Ministerio de Justicia ha sido refrendada públicamente por la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien ha asegurado en Telecinco que la amnistía «es plenamente constitucional, de la A a la Z», al tiempo que ha eludido pronunciarse sobre las advertencias del entorno independentista respecto a reiterar los hechos del procés, abogando en su lugar por «aprender lecciones y corregir errores del pasado».
