La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha cerrado de portazo la última vía de revisión ordinaria para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor principal, Koldo García.
El alto tribunal ha desestimado de forma íntegra los incidentes excepcionales de nulidad promovidos por las defensas de ambos condenados contra la sentencia firme que les impuso penas de 24 y 19 años de prisión, respectivamente, por delitos vinculados a la trama de corrupción e influencias en la adjudicación de contratos públicos.
Con este fallo, dictado en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistratura respalda en su totalidad el criterio formulado por la Fiscalía Anticorrupción.
El informe del fiscal jefe, Alejandro Luzón, solicitó el rechazo frontal de los recursos al considerar que las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales invocadas por la representación de Ábalos —centradas en vicios en la tramitación del procedimiento— constituían una mera reiteración de alegaciones que ya habían sido examinadas, debatidas y descartadas de forma motivada a lo largo del proceso judicial.
Portazo a la suspensión de la condena
En su resolución, los magistrados de la Sala Segunda resultan tajantes al determinar que "no ha lugar a la suspensión de la ejecución de la sentencia interesada, ni a los demás pedimentos que dichos escritos contienen".
Esta decisión mantiene inalterada la orden de internamiento penitenciario y desestima cualquier posibilidad de frenar cautelarmente el cumplimiento de las severas penas privativas de libertad.
Tras agotarse de forma definitiva la vía de la jurisdicción ordinaria en el Tribunal Supremo, la estrategia procesal del exdirigente socialista y de su colaborador se traslada de inmediato al ámbito de las garantías constitucionales. El equipo legal de Ábalos ultimar ya la redacción de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido.
Esta maniobra sitúa nuevamente al órgano de garantías en el centro de la controversia política y judicial, al tener que pronunciarse sobre la privación de libertad de quien fuera uno de los hombres fuertes del Gobierno.
