El balance económico de los ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa deja un legado devastador en uno de los pilares más básicos para el bienestar de las familias: el derecho a una vivienda digna.
Con las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre, los datos del mercado inmobiliario reflejan una realidad incontestable que condena la gestión del Ejecutivo socialista. Hoy en día, comprar una vivienda en España es un 74,4% más caro que en 2018, mientras que el precio del alquiler acumula una subida salvaje del 45,2% en el mismo periodo.
La parálisis legislativa y el intervencionismo estatal han provocado un estrangulamiento sin precedentes en la oferta de arrendamiento. Entre el segundo trimestre de 2018 y el de 2026, metrópolis como Barcelona han perdido un alarmante 84% de su stock de pisos en alquiler, seguidas de caídas drásticas en San Sebastián (-76%), Bilbao (-72%) o Zaragoza (-38%).
Esta desaparición masiva de inmuebles del mercado legal ha coincidido con una explosión de la demanda relativa, que se ha multiplicado por cinco en el conjunto del país y por diez en áreas tensionadas, empujando la renta media hasta los 15,1 euros por metro cuadrado al mes, al borde de su máximo histórico.
Para quienes sueñan con adquirir un hogar en propiedad, el panorama es igualmente sombrío. El precio medio de la vivienda usada se sitúa en unos asfixiantes 2.930 euros por metro cuadrado —frente a los 1.680 euros de 2018—, encadenando casi dos años consecutivos de incrementos interanuales de dos dígitos.
La escalada ha sido especialmente sangrienta en capitales como Valencia, donde los precios se han duplicado, o en Madrid, Málaga, Palma y Alicante, con repuntes cercanos al 100%. Ocho años de propaganda y promesas incumplidas que se saldan con la vivienda convertida en un bien inalcanzable para la gran mayoría de los españoles.
