En un nuevo acto de impunidad que escupe a la cara de las miles de víctimas del terrorismo etarra, el Gobierno Vasco ha concedido a Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, una de las jefas más despiadadas de ETA, un régimen de semilibertad que le permitirá pasearse libremente de lunes a viernes mientras las familias de sus asesinados siguen llorando su memoria.
La terrorista etarra, responsable directa de decenas de crímenes, abandonará la cárcel de Martutene en San Sebastián a partir del próximo lunes 23 de marzo para “trabajar o hacer voluntariado”, según la versión oficial del Departamento de Justicia vasco.
‘Anboto’, nacida en 1961 y detenida en Francia en 2004 cuando dirigía el aparato de extorsión de la banda, acumula condenas que suman más de 600 años de cárcel.
Entre sus atrocidades figuran el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortizo en León (1995), el del cartero Estanislao Galíndez en Amurrio (1985), la colocación de una bomba trampa en un bar de Eskoriatza (1987) y la orden de matar al rey Juan Carlos durante la inauguración del Guggenheim en Bilbao (1997).
También participó en atentados contra policías y civiles que dejaron un reguero de viudas y huérfanos. Esta es la misma asesina que, junto a Josu Ternera, anunció la disolución de ETA en 2018 mientras muchos de sus compañeros seguían cobrando el “impuesto revolucionario”.
El régimen de semilibertad de la etarra, amparado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, es la misma fórmula que ya se aplicó en febrero al exjefe etarra Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, provocando la justa indignación de las asociaciones de víctimas.
Una vez más, el Ejecutivo de PNV y PSOE, con la complacencia del Gobierno de Sánchez, prioriza los “derechos” de los verdugos sobre la dignidad de los asesinados. Fuentes del entorno penitenciario reconocen que se trata de un “paso intermedio” para preparar la excarcelación definitiva de una etarra que ya ha cumplido buena parte de su condena.
Mientras tanto, las víctimas del terrorismo ven cómo sus verdugos salen a la calle con privilegios que nunca tuvieron sus seres queridos. Las asociaciones ya han anunciado movilizaciones y han exigido al Partido Popular y a VOX que exijan responsabilidades en el Congreso. Porque esto no es reinserción: es una humillación calculada a la España que derrotó a ETA con el Estado de Derecho. Una vez más, el nacionalismo vasco y la izquierda pactista premian a los que quisieron romper España a tiros. Y las víctimas, como siempre, pagan el precio del olvido.
