
Ocultan un abuso sexual de un preso marroquí a una funcionaria en la cárcel de San Sebastián
Un nuevo escándalo salpica la gestión penitenciaria en las Vascongadas. La dirección del centro penitenciario de Zubieta (San Sebastián) y un comisario de la Ertzaintza habrían maniobrado para ocultar la agresión sexual perpetrada por un interno de nacionalidad marroquí contra una funcionaria de prisiones, impidiendo la activación inmediata de los protocolos judiciales y bloqueando las indagaciones policiales.
Los hechos se remontan al pasado 11 de septiembre en el módulo 3 de la recién inaugurada macrocárcel. Según la investigación publicada por el periodista Melchor Miralles en IT-MAGAZINE, que recoge LA GACETA, la trabajadora se encontraba supervisando el servicio de desayuno cuando el interno, identificado con las iniciales M. B., se le acercó pidiéndole de forma insistente un encendedor. Ante la negativa de la empleada, el recluso la abordó pidiéndole saber si lo llevaba «escondido entre los pechos» para, a continuación, manosearle las mamas de forma reiterada.
La funcionaria repelió el ataque dándole una bofetada al agresor y dio la voz de alarma de inmediato a sus compañeras y al jefe de servicios. Sin embargo, la respuesta de la cúpula del centro penal fue el silencio y la inacción.
Sin denunciar a la justicia y reubicada junto a su agresor
Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades del penal no notificaron el delito a los juzgados. Lejos de proteger a la víctima, las medidas adoptadas resultaron laxas e ineficaces:
- Contacto permanente: Aunque el preso fue derivado provisionalmente al departamento de ingresos, la funcionaria se vio obligada a mantener contacto visual diario con su agresor en su puesto de trabajo.
- Actitud desafiante: Dos días después del ataque, ambos volvieron a cruzarse a escasa distancia, mostrando el interno una actitud encarada y desafiante.
- Desatención a la víctima: Las peticiones cursadas por la trabajadora para ser cambiada de puesto fueron desoídas de forma reiterada por la dirección de Zubieta.
El caso dio un giro nueve días después, cuando un agente de la Ertzaintza conoció el incidente e inició de oficio las primeras pesquisas, descubriendo con estupefacción que no existía comunicación judicial alguna. La funcionaria, que daba por hecho que sus superiores habían activado el protocolo de agresiones, se vio obligada a interponer una denuncia formal en comisaría el 26 de septiembre.
La Ertzaintza ordena frenar las pesquisas en la prisión
Lejos de colaborar con la investigación del delito, la cúpula policial autonómica reaccionó emitiendo directrices internas para acallar el suceso. Un alto mando de la Ertzaintza remitió un correo electrónico ordenando categóricamente a los agentes abstenerse de realizar investigaciones o indagaciones no autorizadas en el interior de la prisión o sobre su personal, amenazando con expedientes disciplinarios ante posibles incumplimientos.
| Cronología de la ocultación institucional | |
| 11 de septiembre | Agresión sexual del preso marroquí M. B. a la funcionaria en el módulo 3. La dirección de la cárcel no informa al juzgado. |
| 13 de septiembre | La víctima coincide a escasa distancia con el agresor reubicado. Sus solicitudes de cambio de puesto son ignoradas. |
| 20 de septiembre | Un agente de la Ertzaintza detecta la irregularidad y comprueba que el delito ha sido silenciado en la judicatura. |
| 26 de septiembre | La funcionaria tiene que acudir personalmente a comisaría a denunciar ante el desamparo institucional. |
| Posterior | Mandos de la Ertzaintza prohíben por e-mail a los policías investigar delitos en la prisión sin su visto bueno. |
Denuncian un historial de permisividad e inseguridad
Fuentes policiales internas han estallado ante lo que consideran un patrón sistemático de encubrimiento y negligencia por parte de los responsables de la gestión penitenciaria en Zubieta y Martutene entre 2024 y 2026. Según estas mismas fuentes, la cadena de mando ha rechazado de manera recurrente registrar a visitantes sospechosas de introducir hachís y drogas, ha silenciado conatos de motín como el registrado en abril de 2025 y autoriza la salida de internos sin reportar los itinerarios a las comisarías, poniendo en grave riesgo la seguridad pública y la integridad de los trabajadores penitenciarios.


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