Un profesor residente en Almería ha denunciado públicamente el calvario económico y personal que padece tras la inquiokupación de su piso de tres dormitorios en Roquetas de Mar por parte de una familia de origen marroquí. La vivienda, alquilada inicialmente en 2017 a una mujer marroquí por 350 euros mensuales para poder costearse sus gastos de desplazamiento laboral, se ha convertido en el centro de un prolongado conflicto judicial y económico.
Según ha relatado el propietario a OKDIARIO, la deuda acumulada supera ya los 20.000 euros entre mensualidades no abonadas y facturas de suministros que alcanzaron los 1.000 euros.
| Aspecto | Detalles del caso reportado |
| Ubicación del inmueble | Roquetas de Mar (Almería) |
| Perfil de los ocupantes | Familia marroquí integrada por seis miembros; denuncias vecinales por subarriendo de habitaciones |
| Deuda acumulada | Más de 20.000 euros (alquileres impagados y facturas de luz) |
| Situación legal | Denuncia admitida a trámite en 2025; la defensa teme dilaciones tras las reformas del marco regulatorio de vivienda |
| Impacto en el propietario | Cuadro de estrés prolongado, secuelas médicas (diabetes) y pérdidas económicas personales |
El propietario expone que el inmueble no solo no es habitado en exclusiva por la inquilina firmante, sino por seis miembros de su familia marroquí, sobre los que existen además quejas vecinales por presunto subarriendo de estancias.
Pese a la acumulación de impagos, la inquiokupa presume abiertamente en sus redes sociales de un elevado nivel de vida —compras de firmas de joyería en establecimientos como Tous o Pandora, viajes y tratamientos de estética— e incluso de la adquisición al contado de otra propiedad inmobiliaria y la titularidad de negocios como carnicerías halal.
Paralelamente, el docente ha manifestado haber recibido reiteradas amenazas de muerte y coacciones por parte de la pareja de la arrendataria para evitar que intente recuperar el inmueble o venderlo a terceros.
Esta situación le ha derivado en problemas de salud diagnosticados, como diabetes vinculada al estrés, pérdida de piezas dentales por bruxismo y afecciones graves del sueño.
Las acciones legales, que comenzaron con la interposición de una denuncia en 2025 tras cuatro años de gestiones infructuosas, continúan su curso a la espera de que los tribunales dictaminen la orden de desalojo correspondiente frente al temor de que la familia invocara una supuesta situación de vulnerabilidad social.
