La tragedia ferroviaria de Urda ha reabierto una herida que nunca llegó a cerrarse. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, ha denunciado que las advertencias de su colectivo sobre la seguridad de la alta velocidad española fueron ignoradas por el Gobierno. «Avisamos a Sánchez de que había que paralizar la Alta Velocidad», ha afirmado en una entrevista a El Españo.
Samper asegura que la asociación trasladó hace dos meses una comunicación a la Mesa de la Presidencia del Congreso, al Consejo de Ministros y al propio presidente del Gobierno para solicitar la paralización del sistema de alta velocidad. El objetivo, explica, era evitar que se repitiera una catástrofe como la de Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales el pasado 18 de enero.
«Nos temíamos que otra tragedia pudiera ocurrir y lamentamos enormemente haber acertado», ha reconocido. Unas palabras que reflejan la impotencia de quienes, después de perder a sus seres queridos, aseguran haber advertido de los riesgos sin obtener una respuesta efectiva.
El presidente de la asociación de Adamuz considera que las similitudes entre ambos accidentes son alarmantes: «Es la misma línea, las mismas compañías ferroviarias, la misma infraestructura, todo igual».
Samper sostiene que, desde el accidente de Adamuz, no se ha paralizado la red ferroviaria ni se han adoptado las medidas que reclamaban las víctimas. «No se ha hecho nada en estos meses. Todo sigue igual», denuncia.
La crítica alcanza directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, cuya dimisión llevan reclamando las víctimas desde hace meses. «Podemos esperar un tercer o cuarto accidente, o un quinto, a ver qué hace», advierte Samper, en una acusación que evidencia la profunda desconfianza del colectivo hacia la gestión ministerial.
La asociación considera que millones de viajeros han podido utilizar la red en condiciones que juzga inseguras. Una denuncia que deberá contrastarse con los resultados de las investigaciones técnicas, todavía en curso.
Samper también alerta de que los supervivientes y familiares de las víctimas de Urda podrían sufrir una «desatención absoluta» por parte de las administraciones. A su juicio, la experiencia de Adamuz demuestra que las instituciones no han estado a la altura de quienes afrontan las consecuencias de una tragedia ferroviaria.
