La macroinvestigación sobre la trama Forestalia, que dirige el Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel y la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil, ha dado un paso decisivo al situar en el punto de mira a los gobiernos autonómicos de Javier Lambán y del anterior presidente socialista Marcelino Iglesias.
Según fuentes directas de la investigación consultadas por ABC, los investigadores distinguen claramente dos etapas temporales en las presuntas irregularidades cometidas para favorecer a la empresa de Fernando Samper.
En el ámbito autonómico, a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), “todo apunta a que es una cuestión del pasado”, lo que podría implicar la prescripción de algunos delitos. En cambio, los expedientes que llegaron al Ministerio para la Transición Ecológica y que proceden de aquella etapa anterior del Inaga corresponden a proyectos “bastante recientes”, por lo que los supuestos delitos no habrían prescrito.
Este doble cronograma sitúa bajo sospecha a altos cargos de los ejecutivos socialistas que gobernaron Aragón durante más de dos décadas. Los agentes sospechan que directores generales y responsables de medio ambiente pudieron manipular informes y agilizar permisos ambientales a cambio de favores para la potente promotora eólica y fotovoltaica Forestalia, propiedad del empresario zaragozano Fernando Samper, considerado por la Guardia Civil como el “tronco central” de la presunta red de corrupción.
La rama estatal de la causa se centra especialmente en Eugenio Domínguez, ex alto cargo del ministerio de Teresa Ribera, cuyos supuestos delitos se habrían cometido en fechas lo suficientemente cercanas como para que sigan siendo perseguibles.
La investigación, que estalló hace semanas con registros y detenciones, ha puesto en jaque a buena parte de la clase política aragonesa. Los investigadores trabajan ahora para determinar el alcance exacto de las supuestas prevaricaciones y cohechos en los dos niveles administrativos.
Mientras tanto, Forestalia continúa operando varios parques eólicos y solares en la región, algunos de ellos precisamente con los permisos que ahora están bajo escrutinio judicial.
La causa sigue abierta y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevos movimientos procesales que podrían incluir imputaciones a ex cargos de los gobiernos Lambán e Iglesias.
