Alberto Núñez Feijóo ha situado la reforma del sistema de ayudas sociales en el centro de su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El candidato del Partido Popular apuesta por sustituir el actual Ingreso Mínimo Vital (IMV) por una nueva "Renta de Activación", un modelo que unificaría distintas prestaciones y que estaría condicionado a la formación, la búsqueda activa de empleo y la aceptación de ofertas laborales adecuadas.
La propuesta incluye un compromiso explícito: los beneficiarios deberán firmar un acuerdo de inserción laboral con seguimiento verificable. En caso de rechazar empleos de forma reiterada y sin causa justificada, las ayudas podrían reducirse progresivamente hasta perderse por completo. Según Feijóo, el objetivo es garantizar que aceptar un trabajo siempre resulte más beneficioso que permanecer dependiendo de las prestaciones públicas.
El anuncio se produce en un momento de máximo crecimiento del IMV. Los últimos datos oficiales reflejan que la prestación alcanza ya a 2,78 millones de personas repartidas en más de 911.000 hogares, tras sumar más de 418.000 beneficiarios en apenas un año. Desde su puesta en marcha en 2020, el coste acumulado para las arcas públicas supera los 23.470 millones de euros.
El PP sostiene que el modelo actual genera incentivos perversos para la incorporación al mercado laboral. Diversos estudios han señalado que la percepción del IMV puede reducir la probabilidad de empleo entre sus beneficiarios, especialmente entre los menores de 30 años y determinados colectivos vulnerables. Sobre esta base, Feijóo defiende una reforma orientada a transformar las ayudas en una herramienta temporal de inserción y no en una prestación permanente.
La iniciativa abre un nuevo frente político en plena campaña electoral, enfrentando dos modelos distintos de protección social: uno centrado en garantizar rentas mínimas y otro que vincula de forma más estrecha la percepción de ayudas con la incorporación efectiva al empleo.
