El Sanchismo vuelve a arrodillarse ante los independentistas catalanes. En una nueva y humillante bajada de pantalones, Pedro Sánchez ha cedido a las exigencias de Junts per Cataluña y se ha comprometido a aplicar el llamado IVA franquiciado, que eximirá de declarar y pagar el IVA a los autónomos y pequeñas empresas que facturen menos de 85.000 euros anuales. Todo para garantizarse el voto de los separatistas al decreto anticrisis por la guerra de Irán, que se vota este jueves en el Congreso.
La medida, que traspone una directiva europea pendiente desde 2025, no es ninguna genialidad del Gobierno. Bruselas llevaba meses advirtiendo a España y amenazando con llevarnos al Tribunal de Justicia de la UE por el retraso.
Organizaciones de autónomos como ATA y UPTA llevaban negociándolo con Hacienda, y el PP ya había conseguido en octubre una moción en el Congreso para impulsarla. Sánchez la ignoró. Ahora, de repente, la saca del cajón como si fuera un trofeo de Junts. Míriam Nogueras lo ha vendido como un triunfo propio: “Nuestro sí está vinculado a que el Gobierno trasponga esta ley”. Traducción: pagamos con dinero de todos los españoles el peaje independentista.
Más de un millón de autónomos se beneficiarán, según UPTA, ahorrándose hasta 600 euros al año en trámites burocráticos y mejorando su liquidez. Lorenzo Amor, de ATA, lo ha resumido con ironía: “Desgraciadamente ha hecho falta una guerra para que lo hicieran”. La realidad es más cruda: el sanchismo ha convertido la gestión de una crisis internacional en un mercadeo de votos. Mientras los autónomos españoles llevan años ahogados por la inflación, la burocracia y los impuestos del Gobierno más gastador de la democracia, Sánchez solo mueve ficha cuando Carles Puigdemont pone precio.
Este episodio es el enésimo ejemplo del trueque permanente al que nos tiene acostumbrados el PSOE con sus socios separatistas. Primero fue la amnistía, después el indulto encubierto, las cesiones en lengua y educación, y ahora hasta la fiscalidad de los pequeños empresarios se negocia en despachos de Waterloo. El Ejecutivo de coalición, que presume de “proteger a la clase trabajadora”, deja que los independentistas se cuelguen medallas a costa de un alivio fiscal que debería haberse aplicado por obligación europea y sentido común, sin necesidad de regateos.
Mientras tanto, el PP recuerda que su moción fue despreciada y la oposición denuncia la debilidad crónica de un presidente que gobierna con la pistola en la sien de los que quieren romper España. Los autónomos, esos héroes silenciosos que generan empleo y riqueza real, merecen un marco fiscal sencillo y estable, no migajas concedidas como limosna a cambio de estabilidad parlamentaria.
El Sanchismo no gobierna para España: sobrevive vendiendo pedazos de soberanía y sentido común. Otra bajada de pantalones que pagaremos todos. Y Junts, una vez más, sale de rositas cobrando el peaje.
