La llegada de menas a España sube más de un 40% en solo dos años

Los datos oficiales revelan 16.041 menas inscritos a finales de 2024, frente a los 11.417 de 2022: la mayoría son de Marruecos y no se han repatriado
España30 de marzo de 2026 Javier Salinas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reconocido en una respuesta parlamentaria que la llegada de menores extranjeros no acompañados, menas, a España ha experimentado un fuerte repunte en los últimos años.

Según los datos facilitados que reproduce La Gaceta, a 31 de diciembre de 2024 había 16.041 menas inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, lo que supone un aumento del 41% respecto a los 11.417 registrados a finales de 2022 y un 24,5% más que los 12.878 de 2023.

La nacionalidad predominante es la marroquí, con 4.393 menores (el 27% del total), seguida de Senegal (2.379, el 15%). El resto procede principalmente de Mali, Ucrania, Argelia y Gambia. De los más de 5.900 menas que llegaron solo en 2024 —un 21,7% más que el año anterior—, la mayoría lo hizo por vía marítima en pateras.

El Gobierno admite además que “en los últimos años no se ha materializado ninguna repatriación de menores no acompañados al Reino de Marruecos”, pese al acuerdo bilateral firmado en Rabat en marzo de 2007 y ratificado por España en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esta falta de ejecución contrasta con el bajo porcentaje de expulsiones de inmigrantes irregulares en general: entre 2018 y 2024 solo se ejecutaron el 6,42% de las órdenes de expulsión (21.500 de más de 335.000 llegados).

La situación ha generado un importante coste para las comunidades autónomas, que asumen la tutela y acogida de estos menores hasta su mayoría de edad. El artículo de La Gaceta subraya que este incremento se produce en un contexto de presión migratoria sostenida, especialmente en Canarias y Ceuta, y cuestiona la eficacia de las políticas de retorno y control de fronteras del Ejecutivo.

Fuentes oficiales consultadas por la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Inclusión confirman estas cifras, que ponen de manifiesto el desafío que representa la gestión de la inmigración irregular de menores para las administraciones públicas españolas.

 

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